La aplanadora de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) nuevamente se ha hecho sentir en el Congreso de la Unión. En menos de una semana, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República aprobaron por mayoría calificada la Reforma Constitucional para que la Guardia Nacional sea controlada operativa y administrativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ahora sólo resta el aval de 2/3 de las legislaturas estatales para que AMLO la promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Se trata de un nuevo intento para que la corporación pase a formar parte de las Fuerzas Armadas, ya que en 2022 se presentó una reforma para adherirla, sin embargo, un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional y por ello regresó a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de la morenista Rosa Icela Rodriguez Velázquez.
Ahora, esta propuesta del presidente López Obrador busca nuevamente que la GN sea integrada a la Defensa Nacional y que sea considerada parte de las Fuerzas Armadas, junto con el Ejército y la Marina; sin embargo, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos han advertido que si este dictamen avanza en el Congreso de la Unión, se militarizará al país.
Qué pasará con la Guardia Nacional
Vale recordar que con la llegada de AMLO al poder, éste ordenó la extinción de la Policía Federal por considerar que era una institución corrupta y en 2019 creó en su lugar la Guardia Nacional, encargada de las tareas de seguridad nacional pero con carácter civil, disciplinado y profesional; sin embargo, el presidente después planteó la opción de que ésta fuera considerada parte de las Fuerzas Armadas.
Con la nueva iniciativa de 2024, se pretende reformar el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a las instituciones de seguridad pública a tener mandos civiles. Sin embargo, en el dictamen se plantea que la GN será parte de las Fuerzas Armadas, aunque no necesariamente tendrá funciones o tareas similares a las del Ejército Mexicano, ya que seguirá al frente de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada en este sexenio y al cual Claudia Sheinbaum daría continuidad.
Dado que Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), cuentan con mayoría tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como en los congresos locales, todo parece indicar que la Reforma a la Guardia Nacional seguirá la misma ruta que la del Poder Judicial, recientemente aprobada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Una vez que esta nueva reforma se consume, la GN será parte de las Fuerzas Armadas y su presupuesto estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, además, si alguno de sus efectivos incurre en algún probable delito o presunta violación a los derechos humanos de los ciudadanos, los tribunales militares deberán estar enterados si hay quejas o denuncias y serán los únicos que podrán investigar y juzgar, ya no las instancias civiles de procuración de justicia.
Además, el dictamen menciona que la Guardia Nacional también coadyuvará en la investigación de delitos, que hasta ahora solo contempla en el Artículo 21 constitucional como facultad exclusiva del Ministerio Público y las policías.
Los riesgos de que la GN tenga mando militar
El investigador y académico de la Universidad Iberoamericana Rodolfo Gamiño Muñoz insiste en que el paso de la GN a Sedena es inconstitucional porque su origen es de sustitución de una guardia con mando civil (Policía Federal), por lo que su adhesión sería “una extensión de la militarización legalizada” en el actual gobierno, ya que AMLO ha dotado de facultades desproporcionadas a los militares, cuando en las leyes se establece que éstos sólo deben de cumplir labores de seguridad “en contextos excepcionales como guerras, invasiones o programas de bienestar como el Plan DN-III, en acciones humanitarias y en desastres naturales”, dijo el experto en movimiento armados, militarización y desaparición forzada.
En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez (Centro Prodh) advierte que el dictamen también contempla modificaciones al Artículo 129 constitucional -el cual limita las funciones de elementos castrenses en tiempo de paz- a raíz de que hace tres años se hizo una reforma al Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que la Sedena pueda prestar sin límite los servicios auxiliares y civiles que el presidente de la República le señale, vulnerando así la Carta Magna que señala que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Al respecto, preocupa al Doctor Gamiño Muñoz que al tener más facultades, los guardias nacionales -y militares- estarán más blindados (fuero militar) ante posibles casos de acciones extrajudiciales, tales como ejecuciones, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos; advirtió que en estos ya no habría impunidad, sino que estarían en su derecho argumentando que se trataba de situaciones excepcionales.
Otro riesgo de que la GN tenga un mando castrense tiene que ver con el dinero y el poder. “Se entregaría a las Fuerzas Armadas, en este caso a Sedena, un presupuesto desproporcionadísimo, más del que ya se tiene, que ahora administran sectores portuarios, aéreos, son constructores, son diseñadores, etcétera, y ese también es un riesgo que constitucionalmente es incoherente”, dijo el historiador de la Ibero.