Diputados de Morena avanzan a marchas forzadas con las reformas constitucionales del Plan C

Mientras el Senado de la República blinda su sede y la Mesa Directiva se prepara para llevar este martes 10 de septiembre al Pleno la discusión y votación del dictamen sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación, los diputados de Morena tratan de sacar a contrarreloj las otras reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluye su mandato el día 30.

Este lunes, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que la discusión sobre la reforma constitucional relativa a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos podría posponerse para la próxima semana.

La bancada de Morena también indicó que la próxima semana se discutirá otra reforma constitucional, esta vez para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como propuso el presidente López Obrador por segunda ocasión.

La razón principal es que los accesos a la Cámara de Diputados han estado bloqueados desde la semana pasada por trabajadores del Poder Judicial que se oponen a dicha reforma, explicó Ramírez Cuéllar.

Durante una reunión parlamentaria realizada el lunes en un domicilio particular en Ciudad de México, los diputados federales de Morena iniciaron la preparación del debate.

La diputada morenista Irma Juan Carlos enfatizó que la reunión no tenía carácter secreto y que no estaban realizando nada al margen de los pueblos indígenas, añadiendo que representantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas estuvieron presentes en el encuentro.

El proyecto de reforma constitucional referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos ha sido un proceso emanado de una iniciativa enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa se deriva de los foros realizados sobre la materia y fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales durante la pasada Legislatura, la LXV.

De acuerdo con el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, los legisladores de su partido tratarán de aprobar estas reformas como un “regalo de despedida” al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien espera promulgar la reforma al Poder Judicial antes de dejar la presidencia de la República el próximo 30 de septiembre.

Por esa razón, el Senado dispensó algunos trámites a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de agilizar la aprobación, sin reservas ni modificaciones, al proyecto de decreto de reforma.

Sin embargo, la situación generada por los bloqueos a cargo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación podría afectar el calendario legislativo, un factor que podría influir en la agenda parlamentaria de los próximos días.

La SCJN vota por mantener el paro de labores

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron este lunes mantener la suspensión de actividades que empezaron el pasado martes, uniéndose así a los trabajadores del Poder Judicial que suman casi tres semanas en paro contra la reforma judicial.

“Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) determinó que continuará la suspensión de actividades en este Alto Tribunal, manteniendo las guardias necesarias, sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso”, informó la SCJN este lunes luego de la sesión privada.

En dicha sesión, ocho ministros votaron a favor del paro de labores, mientras que Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, dos de las ministras que apoyan abiertamente al oficialismo, votaron en contra, y Lenia Batres, también afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se abstuvo.

“Se declaró que las Salas deberán acordar si celebran sesión a distancia. Asimismo, se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia”, apuntó el máximo tribunal.

Asimismo, dijo que será el próximo 12 de septiembre, un día después de que se prevé que el Senado mexicano vote la iniciativa, cuando el Pleno valore si la situación prevalece y determine las medidas conducentes.