Así es como los presidentes de México han forjado sus lazos con el narco por 50 años, según Anabel Hernández

En México, el término “narcosistema” ha emergido para describir una realidad profundamente arraigada en la política y el crimen organizado. Más allá de la imagen de un simple “narcoestado”, el concepto de narcosistema refleja una compleja red de corrupción, complicidad y poder que abarca no solo a los cárteles de droga, sino también a las más altas esferas del gobierno.

Anabel Hernández, periodista de investigación, ha abordado este tema a fondo en su podcast Narcosistema. En el último episodio titulado “AMLO, el último narcopresidente”, Hernández revela la inquietante continuidad de los vínculos entre el crimen organizado y los presidentes mexicanos desde Luis Echeverría Álvarez hasta Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que cada uno de estos líderes ha tenido conexiones con el narcotráfico, lo que ha contribuido a la perpetuación de un sistema corrupto y violento en el país.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976, mantenía estrechos lazos con el Cártel de Guadalajara, facilitados a través de su cuñado Rubén Zuno Arce, quien estaba casada con la hermana de Echeverría, María Esther.

En 1992, se descubrió que uno de los contadores de los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma y Amado Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Segoviano, vivía en una propiedad de Echeverría en San Jerónimo, Ciudad de México.

Los presidentes José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) también están implicados en relaciones con el crimen organizado. Según Hernández, ambos asistían a fiestas organizadas por Ernesto y Rafael Caro Quintero en Guadalajara, donde su presencia fue confirmada por los ex agentes de la policía judicial de Jalisco, Ramón Lira y Jorge Godoy, en 2021.

Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre 1994 y 2000, tenía conexiones con la delincuencia organizada a través de su padre y su esposa, Nilda Patricia. Su padre mantenía comunicación directa con Eduardo González Quirarte, un narcotraficante de Jalisco, mientras que la familia de su esposa tenía vínculos con el cártel de los hermanos Amezcua, pioneros en la fabricación de drogas sintéticas en México.

Vicente Fox, presidente de México de 2000 a 2006, está acusado de haber recibido un soborno millonario en dólares para permitir la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande en 2001. Además, se señala a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, por su implicación en el tráfico de precursores químicos.

Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, es señalado por recibir dinero del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial. Esta información fue revelada durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en Nueva York entre 2018 y 2019. La complicidad de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa, también fue evidenciada, y se acusa a Calderón de haber solapado esta relación.

Enrique Peña Nieto, presidente de 2012 a 2018, recibió apoyo del Cártel de Sinaloa desde sus tiempos como candidato a gobernador del Estado de México. Hernández cita testimonios de su libro Emma y las otras señoras del narco, donde se detalla cómo Peña Nieto asistía a eventos organizados por el cártel y recibía grandes sumas de dinero para su campaña.

Hernández revela que, según fuentes de la DEA y la Fiscalía de Nueva York, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento significativo del Cártel de Sinaloa. Este dinero, proporcionado por la facción de Arturo Beltrán Leyva del cártel, habría sido respaldado por líderes clave como Ismael “El Mayo” Zambada, Ignacio Coronel, los hermanos Beltrán Leyva, Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El objetivo de este financiamiento habría sido asegurar que, en caso de que López Obrador llegara a la presidencia, se comprometiera a permitir la operación libre del cártel dentro de México. Esto incluía bloquear las actividades de la DEA y otras agencias de inteligencia estadounidenses en el país, facilitando así el tráfico de drogas.

Además, se habría comprometido a otorgar posiciones clave en el gobierno que pudieran influir en la justicia y la seguridad, incluyendo la aprobación de nominaciones para procurador general de justicia.

Hernández sostiene que, tras perder las elecciones de 2006, López Obrador organizó una serie de protestas y mítines en la Ciudad de México, incluyendo el cierre de Paseo de la Reforma, alegando fraude electoral. Parte del financiamiento para estas manifestaciones, según Hernández, también provino del Cártel de Sinaloa, con Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie” contribuyendo económicamente.

La investigación de Hernández revela que el financiamiento del Cártel de Sinaloa no se limitó a la campaña de 2006. Los testimonios y documentos obtenidos sugieren que las campañas presidenciales de López Obrador en 2012 y 2018 también recibieron apoyo financiero del cártel. Esta continuidad en el financiamiento subraya, según Hernández, la profunda relación entre López Obrador y el crimen organizado.

Al asumir la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador implementó una política de seguridad conocida como “abrazos y no balazos”, que ha sido criticada por su enfoque suave hacia el crimen organizado. Hernández argumenta que esta política es consistente con los compromisos asumidos con el Cártel de Sinaloa, dado el financiamiento recibido durante sus campañas.

Finalmente, la periodista menciona que el gobierno de López Obrador ha apresurado la aprobación de una reforma judicial, según ella, motivado por el temor a las posibles revelaciones que puedan hacer Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como El Mayo Zambada, todos ellos detenidos en Estados Unidos.