Reformas a la Ley de Vivienda: entra en vigor tope a renta de inmuebles en CDMX

A partir de este jueves, entran en vigor importantes reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda en la Ciudad de México, con el objetivo de frenar el incremento excesivo en las rentas y garantizar el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables. Sin embargo, será hasta finales de diciembre cuando algunas de estas disposiciones comiencen a aplicarse, de acuerdo con los plazos establecidos en el decreto correspondiente.

Las reformas, publicadas en la Gaceta Oficial apenas una semana después de su aprobación en el Congreso local, representan un esfuerzo significativo por parte del Gobierno capitalino para abordar uno de los problemas más apremiantes en la metrópoli: el acceso a una vivienda asequible en un mercado inmobiliario cada vez más costoso.

Una de las reformas más destacadas es la que se refiere al registro de contratos de arrendamiento, establecido en el artículo 2448 F del Código Civil. Según lo estipulado en los artículos transitorios de la reforma, este registro será de autorización inmediata y estará a cargo del gobierno local. La implementación de este mecanismo se desarrollará por la Agencia Digital de Innovación Pública, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la entrada en vigor de las reformas.

Los arrendadores tendrán un plazo de hasta 90 días para registrar los contratos, lo que introduce un nuevo nivel de control y transparencia en el mercado de alquileres. Este registro no solo busca regular el aumento de rentas, sino también proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas que se han vuelto comunes en algunos sectores de la ciudad con requisitos imposibles de cubrir o que vulneran la privacidad de las personas.

Otra de las modificaciones clave al Código Civil es la reforma del artículo 2448 D, que establece que el incremento de la renta no podrá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. Esta disposición responde a las preocupaciones crecientes de los habitantes de la Ciudad de México, quienes han visto cómo sus rentas se incrementan a tasas muy superiores a sus ingresos, lo que ha provocado una crisis de asequibilidad en la vivienda.

Este límite al aumento de las rentas está diseñado para dar estabilidad a los arrendatarios y evitar que el costo de la vivienda siga disparándose en una ciudad donde la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible.

En el ámbito de la Ley de Vivienda, se ha agregado una fracción Bis al artículo 5, que introduce la figura de producción pública de vivienda para arrendamiento. Este concepto implica que el Gobierno capitalino, utilizando recursos públicos, se encargará de la construcción de viviendas destinadas al alquiler, con criterios de asequibilidad que prioricen a las personas de menores ingresos.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, subrayó durante la presentación del decreto que esta nueva política de vivienda social en renta a bajo costo está diseñada para favorecer a jóvenes, madres solteras, trabajadores, personas de bajos recursos y otros grupos de atención prioritaria. Este enfoque, explicó, representa un cambio fundamental en la política de vivienda de la Ciudad de México, al introducir la construcción masiva de vivienda pública como un pilar central.

Batres destacó que las reformas al Código Civil y a la Ley de Vivienda sientan las bases para una nueva línea de política en la materia, que no se ha ensayado previamente en la Ciudad de México. La construcción masiva de vivienda pública para renta a bajo costo no solo es un reto para la actual administración, sino que, según el mandatario, será una tarea fundamental para la próxima administración.

“La aplicación o cumplimiento de esta reforma implica necesariamente una tarea fundamental para la próxima administración, que es la construcción masiva de vivienda para las familias de clases populares. Aquí es importante señalar el entrelazamiento en esta transición, pues las políticas que hoy se anuncian se seguirán llevando a cabo en la próxima administración”, expresó Batres, dejando claro que este esfuerzo no es solo un proyecto a corto plazo, sino una política de Estado que se espera continúe en el futuro.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz, afirmó que estas reformas son apenas el primer paso en un proceso más amplio de transformación del marco normativo de la Ciudad en materia de vivienda. “Las reformas promulgadas se convierten en parte de la legalidad y del cuerpo normativo de la Ciudad”, señaló, subrayando que aún queda mucho por hacer para alcanzar el objetivo de una vivienda digna y asequible para todos los habitantes de la metrópoli.