El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el pasado 26 de agosto que durante su gestión, la cual está por concluir el próximo 30 de septiembre, no desapareció, no se torturó, no hubo masacres y no se reprimió a personas.
Al ser cuestionado durante su conferencia matutina en Palacio Nacional sobre las acciones que se deberían de tomar en contra de las autoridades tanto civiles y militares que participaron en los Vuelos de la Muerte, donde al menos 350 personas entre disidentes políticos y guerrilleros fueron lanzados al mar por elementos del Ejército mexicano en la denominada Guerra Sucia, ocurrida entre 1974 y 1979, el titular del Ejecutivo respondió que se tiene que seguir investigando.
“Que se actúe. (...) Les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día 1º: no desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”, señaló López Obrador al finalizar su conferencia.
Pese a la afirmación del titular del Ejecutivo, una investigación periodística revela que esto no fue así, al menos en los primeros cuatro años del gobierno morenista que arrancó el 1 de diciembre del 2018.
El libro Permiso para matar señala que en los cuatro primeros años de López Obrador se documentaron al menos 489 crímenes de Estado en treinta entidades de la República mexicana, una cifra similar a la que registró durante los seis años de gestión del presidente Felipe Calderón (2006-2012), al acumular 494 casos en 29 de los 32 estados.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según el libro que tiene como autores a los periodistas Paris Martínez, Daniel Moreno y al investigador y académico Jacobo Dayán, se registraron 808 casos en 31 estados.
Cabe señalar que en estas cifras los autores engloban asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todas ellas atribuidas a alguna autoridad federal o estatal.
El libro, que recoge testimonios de familiares y víctimas, identificó mil 824 crímenes de Estado durante los últimos tres administraciones que lleva “el combate” a la delincuencia organizada, lo que representa un crimen cometido cada cinco días durante 16 años de violencia.
“Crímenes perpetrados por autoridades estatales y federales contra personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse, personas inocentes e indefensas que se cruzaron con la policía estatal o federal, con el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, y que ya no volvieron a sus casas”, refiere parte del libro.
En entrevista con Infobae México, dos de los autores, Paris Martínez y Jacobo Dayán, señalaron que el modelo de seguridad implementado por el Estado mexicano ha puesto a la ciudadanía más desprotegida.
“Este modelo de seguridad que se nos ha vendido como un proceso, al final de cuentas nos ha dejado más desprotegidos. En realidad, está operando a la inversa. No nos está dando más seguridad, sino que nos está poniendo a todos y todas en mayor vulnerabilidad. Y como dice una de los testimonios: ‘Esta no es una guerra contra el crimen organizado, es una guerra contra el pueblo mexicano’”.
Los investigadores, quienes recuerdan que hay un marco normativo establecido en el Derecho Penal Internacional y en el Derecho internacional Humanitario que no sólo define la existencia de un conflicto armado, sino que han derivado en convenios suscritos por México para atender crímenes de guerra y de lesa humanidad en los que podría intervenir la Corte Penal Internacional, apuntaron que “México no ha querido reconocer el conflicto armado porque tendría repercusiones económicas importantes”.