Trabajadores del Poder Judicial inician paro indefinido contra “agresiva” reforma de AMLO

En el primer minuto de este lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores en protesta por la presentación de un nuevo dictamen sobre la reforma a dicho poder que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alrededor de medio centenar de trabajadores se congregaron en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro y colgaron mantas con frases como “Juzgar no es un asunto de popularidad, basta de mentiras”. Los manifestantes usaron cadenas y candados en la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al grito de “¡Todos Somos Uno, Uno Somos Todos!”, los trabajadores realizan el paro de labores en diversas entidades del país, entre ellos en el Estado de México, la CDMX y Puebla, con el objetivo de manifestar su rechazo a la reforma que consideran “agresiva”.

“Es URGENTE QUE SEPAN que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los Poderes de la Unión y garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”, se lee en un comunicado compartido.

Cabe apuntar que se acordó que sólo se atenderán aquellos casos que sean considerados “urgentes”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha expresado que el nuevo dictamen, que será discutido en el Congreso, no respeta las necesidades y derechos de los trabajadores.

Patricia Aguilar, ministra y portavoz de Jufed, declaró a Milenio que la reforma presentada por el presidente López Obrador “borra de un plumazo” la trayectoria y los esfuerzos de quienes buscan avanzar en la carrera judicial en México.

El pasado 13 y 14 de agosto, las ocho secciones del Sindicato de Trabajadores del PJF acordaron participar en un movimiento de suspensión de labores, en espera del contenido del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que debía asegurar la salvaguardia de sus derechos laborales y prestaciones. Sin embargo, dada la publicación del nuevo dictamen, un grupo de trabajadores decidió comenzar ya el paro de labores.

Pese a la movilización, los juzgadores federales no participarán en este primer momento, pues decidirán mediante voto si se suman al paro.

El dictamen de reforma al Poder Judicial mexicano, que será discutido y votado próximamente en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, incluye profundas modificaciones encaminadas a transformar el proceso de nombramiento y selección ciudadana de ministros, magistrados y jueces en todos los niveles del país.

Este dictamen, que se presenta tras diálogos nacionales y más de 100 cambios a la iniciativa original del presidente López Obrador del 5 de febrero pasado, apunta a una serie de modificaciones clave en el Artículo 17 de la Constitución.

Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos tributarios, obligando a los jueces a justificar cualquier demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Además, el Senado perderá su facultad de nombrar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, limitándose a tomar protesta y gestionar solicitudes de licencia o renuncia. La administración del Poder Judicial será manejada por un órgano especializado, mientras que la disciplina corresponderá al recién creado Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco miembros electos por la ciudadanía.

La reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, establece que sus sesiones serán públicas y determina la renovación rotativa de la presidencia cada dos años mediante votación.

La remuneración de los integrantes del Poder Judicial no podrá superar la establecida para el Presidente de la República y se prohíben la creación y operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Uno de los cambios más significativos es la reducción del periodo de los ministros de la SCJN de 15 a 12 años, eliminando su derecho a haber por retiro. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarán en su encargo seis años, mientras que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito permanecerán nueve años, con posibilidad de reelección consecutiva.

La propuesta de reforma también contempla que cualquier persona o autoridad pueda denunciar hechos de responsabilidad administrativa o penal cometidos por servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo ministros, magistrados y jueces, ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

En cuanto al proceso de elección ciudadana, se suprime el requisito de tener al menos 35 años cumplidos para ser ministro, magistrado o juez. Los candidatos deberán tener un título de licenciado en derecho con un promedio general mínimo de 8.0 y 9.0 en materias relacionadas con el cargo, además de al menos cinco años de experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica.

El proceso de elección será coordinado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que organizará las elecciones, realizará los cómputos, publicará los resultados y entregará constancias de mayoría. Las campañas tendrán una duración de 60 días y se prohibirá el financiamiento público o privado de las mismas, así como la contratación de espacios en medios de comunicación para promocionar candidaturas. Los partidos políticos y servidores públicos no podrán hacer proselitismo a favor o en contra de ningún candidato.

Para la primera elección de este tipo se abrirá un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, y los electos tomarán protesta ante el Senado el 1 de septiembre de 2025.