La detención de Ismael El Mayo Zambada no sólo se suma a las capturas de integrantes del Cártel de Sinaloa en manos -o colaborando- con la justicia de Estados Unidos, también abre, una vez más, la puerta para un eventual maxiproceso que logre sacudir a la clase política mexicana e investigar sus nexos con el crimen organizado.
Sin embargo, para que se produzca un eventual maxiproceso, es necesario frenar la “simbiosis” que se estaba consolidando entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para el académico en derecho y economía de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, esta “simbiosis” ya se dejaba ver en los estados de Sinaloa y Durango, donde los líderes del Cártel de Sinaloa ya cogobernaban junto a Rubén Rocha Moya y Esteban Alejandro Villegas Villarreal.
El siguiente paso para que una detención del tamaño del Mayo Zambada termine en una investigación contra funcionarios corrompidos y trabajando de la mano con el narco, es la eliminación del pacto político-criminal que dio paso a la mafiocracia en que se convirtió el Estado mexicano.
“A partir de detenciones de personas como El Mayo Zambada, normalmente surge un maxiproceso, salvo que exista un designio político de cerrar la causa, la expansión de acusaciones a políticos y empresarios, como ha ocurrido en México en muchas ocasiones”.
El caso del Mayo Zambada y su posible negociación con la justicia de Estados Unidos ya provocó eco en el partido Morena y en sus gobernadores, quienes firmaron un desplegado para descalificar los señalamientos que el abogado Frank Pérez (defensor del capo) difundió en una carta en la que se menciona una presunta relación entre el exlíder del Cártel de Sinaloa y el gobernador Rocha Moya.
“Hacemos un llamado a detener la estigmatización del estado de Sinaloa y de su gente. La historia y grandeza del pueblo sinaloense siempre trascenderán las acciones de unos cuantos”, se lee en el desplegado a pesar de que la carta del Mayo Zambada no señala al “pueblo sinaloense”, sino a un político en específico: su gobernador.
México podría frenar cooperación con EEUU
El doctor Edgardo Buscaglia compartió con Infobae México algunos de los casos que pudieron abrir un maxiproceso pero fueron frenados debido al pacto de impunidad que existe desde sexenios anteriores.
Casos como los del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, quien cumple una condena en prisión domiciliaria por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud; el de Joaquín El Chapo Guzmán, quien a pesar de ser extraditado a EEUU su juicio no derivó en un maxiproceso que revelara sus vínculos con la clase empresarial y política mexicana; y el de Emilio Lozoya Austin, en proceso judicial por el caso Odebrecht, son sólo algunos ejemplos.
“Si ese mismo pacto de impunidad existe en el caso del Mazo Zambada, entonces las autoridades de Estados Unidos no van a obtener la cooperación de sus contrapartes mexicanas y, por lo tanto, va a ser muy difícil impulsar causas contra políticos, especialmente en ejercicio.
El académico señala dos puntos claves -en ambos lados de la frontera- que generan trabas al momento de pensar en un maxiproceso:
- “Del lado mexicano existe un pacto político de impunidad mafiosa que impide una cooperación internacional y nacional entre la Unidad de Inteligencia financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales”.
- Respecto al lado norteamericano, resaltó que el Departamento de Estado suele “intervenir para frenar las acusaciones contra políticos en ejercicio del poder y esperan a que se vayan del poder para impulsarlas bajo el criterio de que no quieren desestabilizar una relación con un país como México”.
Para este último punto hay dos ejemplos claros: Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, dos de los personajes que manejaron la seguridad de México al más alto nivel.
- El primero de ellos exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable y a la espera de una sentencia; en su juicio un agente de la DEA declaró que la institución sabía de los sobornos que recibía del Cártel de los Beltrán Leyva desde 2010, pero lo detuvieron hasta 2019; además, uno de los testigos que se presentó a declarar fue el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien afirmó -bajo juramento- que Felipe Calderón y García Luna le ordenaron apoyar al Chapo Guzmán. Pese a sus declaraciones, no se persiguió (hasta donde se sabe) al expresidente mexicano.
- Respecto al segundo caso, al que involucra al extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y que compete al presidente López Obrador, sobra recordar la rápida acción del mandatario nacional y del Estado mexicano (se involucró la cancillería y la FGR) para pedir la extradición del general investigado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Nayarit, quien una vez que pisó el país fue notificado que la Fiscalía se desistía de ejercer acción penal en su contra.
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