Congreso de Nuevo León inicia juicio político contra el gobernador Samuel García

En un análisis exprés de menos de 24 horas, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró por unanimidad procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García, por presuntamente violar la Constitución y diversas leyes.

Con esta resolución, se da inicio formal al juicio contra García Sepúlveda, quien deberá informar por escrito o presencialmente a más tardar el jueves 22 de agosto a las 16:00 horas su informe de defensa. Además, deberá nombrar a un abogado que lo defienda.

“Se inicia el juicio político contra del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando las siguientes fechas y horario para su respectivo informe. Se solicita a los denunciados informar de ser el caso el nombre de su defensor o bien si requerirá que le sea designado uno del Instituto de Defensoría Pública del Estado”, acordaron en la Comisión.

Por su parte, Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, mencionó que, aunque se ha iniciado el juicio, aún no se puede determinar cuál será la sanción. “Él puede venir en lo personal, puede mandar el informe en base a su estrategia jurídica y en base a eso ahora sí la Comisión tendrá que analizar la respuesta del gobernador para avanzar en la solicitud de juicio político que hacen en base a hechos presentados, todavía no se define nada, solo se le da entrada”, aseguró De la Fuente.

Por su parte, Jessica Martínez, diputada local del PRI, indicó que lo más probable es que no se alcance a revisar todo el contenido en esta Legislatura. “Puede tener un poco más de claridad, ya viene con una posición desde la Suprema Corte y también el Tribunal local, son muchos temas en un solo documento pero muchos de ellos ya vienen con un sentido y debemos resolver”, señaló Martínez.

En contraste, José Alfredo Pérez Bernal, diputado local de MC, calificó como un golpe de estado el intento del PRI y PAN de destituir al gobernador. “Son delitos graves del código penal federal, este intento de quedarse de un poder de derrocar un poder en este caso de un golpe de estado disfrazado de legalidad. Eso es lo que está intentando el PRI y el PAN. Según, analizaron un expediente que se presenta apenas el día de ayer por el presidente de un partido, encargado de un partido, una diputada federal y es un expediente de 800 hojas, y en 10 minutos ya estaba analizado, análisis sobre las rodillas”, agregó Pérez Bernal.

La denuncia presentada por PRI y PAN, según la Comisión, contiene elementos de prueba que, una vez verificados, hacen presumir la existencia de infracciones contenidas en las fracciones VI y VII de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y la probable responsabilidad del denunciado en los siete hechos descritos en la denuncia. Esto amerita el inicio del procedimiento.

“La Comisión no pierde de vista que de conformidad con la controversia constitucional 31/2023 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reconoció la validez constitucional de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León. Por otra parte, en dicha determinación constitucional, el Máximo Tribunal del país declaró la invalidez del artículo 203, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la porción normativa que señala específicamente que al momento en el cual el Congreso del Estado declara si hay lugar a procedimiento ulterior, el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo”, establecieron en las consideraciones.

La denuncia de juicio político contra el gobernador Samuel García es por presuntamente violar al menos 18 artículos constitucionales y cinco artículos de leyes secundarias en siete hechos presuntamente probados, principalmente por siete resoluciones de la Suprema Corte y tres resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.

Una de las principales razones para el juicio es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE). Según los acusadores, la Suprema Corte sentenció al gobernador por no publicar el decreto de dicho órgano, determinando que García vulneró el principio de división de poderes en el grado más grave, que es la subordinación, dentro de la controversia constitucional 272/2022.

Además, los diputados acusaron que el gobernador sigue violando la Constitución al no publicar al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos, aparte de los 56 decretos ya denunciados en un juicio político en curso. “La intencion del poder ejecutvo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión del Ejecutivo de no publicar los decretos”, advirtieron.

• Vetos y decisiones legislativas

En cuanto a los vetos, señalaron que García ha vetado decisiones del Congreso. La Suprema Corte, al desechar varias controversias constitucionales (341/2023 y 262/2023) relacionadas con los vetos, advirtió que “la intencón del poder ejecu6vo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión del Ejecutivo de no publicar los decretos”. Esta situación fue calificada como dolosa por el máximo tribunal.

• Uso indebido de recursos públicos y propaganda electoral

Otro punto crítico es el uso indebido de recursos públicos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentenció al gobernador por realizar promoción personalizada, vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad, y usar recursos públicos durante su fallida precampaña presidencial.

Asimismo, la Sala Superior también advirtió al gobernador por usar símbolos religiosos en propaganda electoral, lo que vulnera el principio de laicidad y separación entre Estado e iglesia. Esta conducta también fue calificada como grave por el tribunal electoral.

• Procedimiento y posibles consecuencias

Con estas acusaciones, el juicio político contra Samuel García fue declarado procedente por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León. García Sepúlveda deberá presentar su defensa por escrito o de manera presencial antes del jueves 22 de agosto a las 16:00 horas, además de nombrar un abogado que lo defienda.

Si el juicio político sigue avanzando, el Congreso remitirá la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que actuará como jurado de procedencia y tendrá la última palabra sobre la destitución o inhabilitación de García como gobernador.

Esta serie de controversias y acusaciones ponen a Samuel García en una situación complicada, con varios organismos y tribunales señalando posibles irregularidades en su gestión y conducta. El desenlace de este juicio político será crucial para el futuro político de Nuevo León y su actual administración.