“No hay sentido de justicia”: abogada de Lydia Cacho reprocha liberaciones de Mario Marín y Hugo Adolfo Karam

En el plazo de una semana, la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, en Quintana Roo, concedió que fueran liberados Mario Marín Torres y Hugo Adolfo Karam Beltrán, exfuncionarios acusados por su aparente responsabilidad en actos de tortura cometidos contra la periodista Lydia Cacho.

Tanto el exgobernador de Puebla como el exdirector de la Policía Judicial del mismo estado, enfrentan su proceso penal en completa libertad, mientras que la escritora y defensora de los derechos humanos vive aislada fuera de México.

En entrevista con Infobae México, la abogada Araceli Andrade Tolama —representante legal de la periodista— expresó su rechazo a las recientes decisiones judiciales en este caso de represión a la libertad de expresión.

“Es muy lamentable. No hace sentido de justicia que él [Mario Marín] esté en su casa, se ha visto que personas lo visitan, que cuatro o cinco coches han entrado con gente para verlo, él ya durmió en su casa, desayunó con los suyos, está atendiendo a su gente, sus negocios, su vida y la víctima, que es Lydia, no puede hacer ninguna de esas cosas porque está desplazada y exiliada porque no hay garantías para su seguridad”, comentó la jurista durante la conversación con este medio.

Karam Beltrán obtuvo un amparo para modificar sus medidas cautelares. Según reportes periodísticos, la noche del 6 de agosto de 2024 se le permitió abandonar los muros del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún con la condición de no salir de la ciudad y de presentarse ante un juez a firmar cada mes.

Marín Torres, por otro lado, fue liberado del Penal del Altiplano, en el Estado de México, y escoltado por patrullas de la Guardia Nacional hasta su residencia en la avenida San José Xilotzingo, de Puebla, durante la madrugada del 14 de agosto.

Andrade Tolama adelantó que presentará recursos legales —en un Tribunal de Apelaciones y en un Tribunal Colegiado— con la intención de impugnar las recientes decisiones de la jueza respecto a la causa penal 26/2018, asentada en Quintana Roo.

“El mensaje que se está dando es que tienen más importancia la opinión y las circunstancias de quienes agreden que de las víctimas. El mensaje es que tienes que luchar 18 años, como lo ha hecho Lydia, para intentar tener un sentido de justicia y que en cualquier momento puede haber un revés de este tamaño estando tan claro el tamaño de la peligrosidad. El mensaje es contradictorio”, aseveró la abogada en entrevista con Infobae México.

Uno de los aspectos que Andrade ha considerado particularmente contradictorios fue la decisión de no ordenar el uso de un brazalete electrónico para Karam Beltrán. “La jueza fue muy laxa, le puso una caución [multa] de 30 mil pesos, que firmara en la cárcel dos veces al mes y que no saliera del estado de Quintana Roo”, narró la asesora jurídica de Cacho.

Durante la audiencia en que Ortuño Sánchez concedió el cambio de medida cautelar para Karam, la defensa de la víctima solicitó que se exigiera el uso de dicho dispositivo, pero la petición fue rechazada. “En una audiencia anterior el propio Karam ofreció el brazalete y ahora la jueza no nos lo aceptó. Son incongruencias, inconsistencias y sobre todo, criterios contradictorios de la propia jueza”.

Sumado a ello, la jueza ofreció como explicación que la prisión domiciliaria otorgada a los exfuncionarios sería una medida suficiente para garantizar que ambos se mantengan en el país durante el proceso y que, en caso de que los declaren culpables, vuelvan por su propio pie a prisión.

“Ella piensa que sí, su argumento fue que sí son medidas suficientes para garantizar que no se van a sustraer de la justicia y que en caso de que salgan sentenciados, voluntariamente van a regresar a la cárcel. Honestamente yo no lo creo y se lo dije en la audiencias. No lo creo y no la entiendo”, aseveró Araceli Andrade.

En este punto de la investigación por los actos de tortura cometidos contra Lydia Cacho en 2005, Mario Marín y Hugo Adolfo Karam son los únicos que están en condiciones de cumplir medidas cautelares fuera de prisión. Por este caso se libraron 10 ordenes de aprehensión de las cuales fueron ejecutadas nueve —una quedó pendiente por el fallecimiento de la persona—.

“Uno de ellos está por salir porque ya va a cumplir su sentencia, hay otro que ya salió porque cumplió los seis años y dos meses de prisión. Los demás ya tienen sentencia, otros dos tienen un amparo”, apuntó la abogada.

Por otro lado, el empresario José Kamel Nacif Borge obtuvo el 15 de julio de 2021 un amparo en el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo con el que fue completamente exonerado del delito de tortura. Este asunto se resolvió a su favor gracias a los votos de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada.