Entre amparos y violaciones al debido proceso: así es como Erick Valencia, ‘El 85′, ha enfrentado a la justicia en México

‘El 85′, ‘Comandante’ y ‘Matazeta’ son algunos de los alias que el Gobierno de Estados Unidos le atribuye a Erick Valencia Salazar, presunto cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que busca frenar su extradición.

Por medio de un comunicado, familiares y personas cercanas a él convocaron a una manifestación frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo objetivo es exigir a las autoridades que se realice un “juicio justo, garantizando derechos humanos”.

Una acusación emitida en mayo de 2018 por la Corte del Distrito de Columbia, en EEUU, señala a Valencia Salazar como supuesto responsable de traficar cocaína en complicidad con otras personas, lo que representa posibles violaciones a los títulos 21 y 18 del Código de Estados Unidos. Según el documento judicial, ‘El 85′ habría iniciado sus actividades criminales en el año 2003, cuando el CJNG aún no se había consolidado.

En México, las autoridades lo identifican como uno de los cofundadores de la organización criminal que actualmente lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

La primera vez que Erick Valencia cayó en manos de la justicia fue el 9 de marzo de 2012, en Zapopan, Jalisco. Según los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundidos en aquel entonces, ‘El 85′ presuntamente habría tomado las riendas del grupo criminal después de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’, y de las capturas de los hermanos Óscar Orlando y Juan Carlos Nava Valencia.

“Dejó de lado a Oseguera Cervantes y asumió el liderazgo del CJNG, realizando acciones para evitar que células de la alianza Resistencia-Zetas se asentaran en algunos municipios de Jalisco”, sostuvo el Ejército Mexicano en el comunicado con el que confirmaron la detención de ‘El 85′. Algunas versiones plantearon que su aprehensión se pudo haber derivado de una supuesta traición de ‘El Mencho’.

Valencia Salazar estuvo preso hasta finales de 2017, pues el 29 de diciembre de ese año el juez Alejandro Castro Peña, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Puente Grande, Jalisco, ordenó su liberación.

El motivo de ello es que los magistrados que revisaron el caso identificaron múltiples violaciones al debido proceso y falta de pruebas que acreditaran, irrefutablemente, su participación en los delitos por los cuales era acusado: delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego, así como acopio de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante los cinco años que estuvo recluido, diversos tribunales federales encontraron inconsistencias entre la versión de la Sedena y las declaraciones que ofrecieron testigos y otras personas detenidas en el operativo de marzo de 2012.

Por ejemplo, el Ejército sostuvo que ‘El 85′ habría sido detenido tras una balacera en una casa de seguridad que era resguardada por hombres armados. En contraste, varios testigos acusaron que en las afueras del inmueble no había escoltas y que los militares habrían llegado a bordo de múltiples vehículos sin una orden de cateo.

Valencia estuvo en libertad hasta el 4 de septiembre de 2022, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo detuvieron nuevamente en Tapalpa, Jalisco, mientras estaba de vacaciones.

Para ubicarlo, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Sedena, la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol México), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Su búsqueda respondía a una orden de detención provisional con fines de extradición a EEUU.

‘El 85′ fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, e inició su disputa con las autoridades para evitar ser entregado al gobierno estadounidense. En agosto de 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó el acuerdo de extradición y Valencia fue notificado al interior del centro penitenciario.

Ante esto, promovió un amparo y obtuvo una suspensión definitiva para postergar su traslado al país vecino. Sin embargo, la protección judicial le fue negada por un juez federal en febrero de 2024. Con este fallo, la autoridad dio luz verde para que la Fiscalía General de la República (FGR) concretara su extradición.

La defensa del presunto cofundador del CJNG impugnó la resolución judicial en marzo ante un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con el argumento de que él no es la persona contra la que se libró la orden de aprehensión en la Corte Federal de Distrito de Columbia.

“El sujeto requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América es distinto al peticionario de amparo”, podía leerse en el recurso promovido por la defensa, según cita La Jornada.

En su inconformidad, Erick Valencia solicitó que su caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerarlo un asunto de alta relevancia.

Posteriormente, en junio de 2024, el máximo tribunal confirmó que había recibido el requerimiento “de ejercicio de la facultad de atracción 1323/2024, de cuyo contenido se aprecia que tuvo por recibida la petición de Marco Octavio Jonathan Cortés Rodríguez, autorizado en términos amplios del quejoso Erik o Eric Valencia Salazar, para que ejerza de oficio su facultad de atracción a fin de conocer del presente recurso; asimismo, se puso a la consideración de los integrantes de la Primera Sala para que determinen si alguno estima hacerla suya”.

Otra de las consideraciones que externó el abogado de Valencia Salazar fue el temor del presunto narcotraficante a que se le aplique la pena de muerte.

“Es necesario que la parte requirente brinde las seguridades que la parte requerida estime suficientes, de que no se impondrá la pena de muerte o, de que, si es impuesta no será ejecutada, por lo que considera errónea la determinación de no considerar la carta de compromiso como una medida necesaria, pues a través de publicaciones periodísticas es de su conocimiento que el gobierno extranjero no respeta los tratados de extradición”, argumentó la defensa de ‘El 85′.

Hasta el momento de la presente publicación se desconoce el rumbo que tomará el caso de Valencia, dado que no hay información que permita conocer si algún miembro de la Primera Sala de la SCJN lo tomará en sus manos.