Transportistas deben portar calcomanías del crimen organizado para evitar extorsiones y ataques en Edomex

En el Estado de México, el crimen organizado ha implementado un sistema de calcomanías para identificar a los transportistas que han pagado su “derecho de piso”.

Según el medio Sol de Toluca, estas calcomanías, que se colocan en los parabrisas y puertas de los vehículos, permiten a los conductores transitar por las vías sin ser molestados por grupos delincuenciales, brindándoles una aparente seguridad en su recorrido.

Las calcomanías llevan las iniciales “FM”, que hacen referencia a un grupo criminal originario del estado de Michoacán o al apellido de su presunto líder, así como a la ruta que cubren.

Según una fuente anónima entrevistada por el diario mexiquense, las extorsiones varían entre mil y 100 mil pesos, dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de carga que transportan.

Esta práctica de extorsión es liderada principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, quienes operan con total impunidad en las distintas carreteras de la entidad.

Aquellos transportistas que se niegan a pagar la cuota establecida son víctimas de ataques violentos que incluyen la quema de sus unidades o, en el peor de los casos, el asesinato de los operadores.

La situación ha encendido las alarmas en el sector transportista y empresarial del Estado de México. La Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas AC (Amotac) había señalado que las vías más peligrosas para el transporte de carga son la José López Portillo, la Texcoco-Lechería, el Arco Norte, la México-Querétaro y la autopista México-Pachuca.

En estas rutas se registran con mayor frecuencia los robos y extorsiones, lo que ha provocado que los transportistas vivan bajo constante temor por su seguridad y la de sus bienes.

Perdidas económicas

El impacto económico de estas prácticas delictivas es considerable. Se estima que el robo y la extorsión al transporte de carga en el Estado de México generan pérdidas anuales que rondan los dos mil 300 millones de pesos.

Este grave problema no solo afecta a los transportistas, sino también a la economía del estado y del país, encareciendo los costos logísticos y repercutiendo en el precio final de los productos que llegan al consumidor.

La complicidad de las autoridades locales y la falta de una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad agravan aún más la situación.

Mientras tanto, los transportistas continúan operando bajo un régimen de miedo e incertidumbre, donde pagar al crimen organizado se ha convertido en una necesidad para sobrevivir en las carreteras del Estado de México.