En días recientes, el caso de Virginia de la Cruz resonó en toda la República Mexicana. La mujer, madre y ex policía preventiva, irrumpió en el Congreso de Zacatecas para denunciar que el Servicio Médico Forense (Semefo) estatal mantuvo los restos de su hijo durante ocho meses aún cuando ella acudía constantemente a las instalaciones para verificar que no hubiera sido localizado. Se trataba de uno de los más de 52 mil cuerpos humanos que las autoridades de México mantienen resguardados sin identificar a nivel nacional.
De acuerdo con las declaraciones de Virginia, su hijo de 21 años de edad falleció el 29 de noviembre de 2023, luego de ser agredido con un arma de fuego. Un día más tarde, su cuerpo fue localizado y remitido a las instalaciones forenses de Zacatecas.
Sin embargo, no tuvo conocimientos de estos hechos hasta hace unos días, cuando le indicaron que su “criatura”, como ella lo llamó, había permanecido ocho meses en el Semefo cubierto en hielo.
“Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron. Yo no dejaba de insistir por mi criatura. Acabo de sepultar a mi madre la semana antepasada y a mi hijo el sábado”, explicó entre gritos y llanto.
Más de 52 mil cuerpos sin identificar en México
En 2021, la alianza Movimiento por Nuestros Desaparecidos reportó que, tras un análisis de datos y solicitudes de transparencia recibidas, se llegó a la conclusión de que México contaba con poco más 52 mil personas fallecidas no identificadas. Los cuerpos, al igual que el del hijo de Virginia, permanecían bajo resguardo de las autoridades.
Destaca que al corte de diciembre de 2023, el gobierno de México contabilizaba la misma cifra. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en 2022 se almacenaron 53 mil 347 cadáveres y/o restos humanos. De estos, 10.9% se identificó, 87.6% no se identificó y 1.5% estaba pendiente por identificar.
Lo cierto es que el número ha incrementado durante los últimos.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos refiere que si bien se trata de una cifra oficial, hay indicios que señalan que se trata de una estimación mínima.
“En primer lugar, los registros oficiales no parecen ser técnicamente confiables. Los servicios forenses del país habían confirmado a un medio de prensa independiente que existían, al 31 de diciembre de 2019, 38 mil 891 personas fallecidas sin identificar.
Ocho meses después, al 31 de agosto de 2020, las mismas autoridades reportaron 52 mil 004, es decir, un 33.7% más. Se trata de un aumento muy notorio que podría deberse, por una parte, a la tendencia creciente actual y, por otra parte, a errores, a la falta de consistencia en las bases de datos, a actualizaciones masivas o ajustes en las bases de datos, los cuales podrían no estar finalizados (sic)”, se lee en el reporte.
La alianza de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos señala una tercera hipótesis: las autoridades podrían no estar informando las cifras reales por temor a las repercusiones sociales y políticas.
Cabe destacar que el pasado 23 de agosto, Karla Quintana Osuna, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), presentó su renuncia al cargo. El único motivo hecho público fue “los contextos actuales” que México atraviesa; un país que al corte del 18 de marzo contabilizaba 99 mil 729 personas desaparecidas, según cifras ―disminuidas durante los últimos meses― brindadas por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Otros datos: El INEGI refiere que, al cierre de 2022, México contaba únicamente con 10 mil 951 personas que ejercían la función de peritos en las coordinaciones o unidades de servicios periciales y/ o servicio médico forense del país.
Entre huellas dactilares y robots
En septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para ayudar a disminuir esta problemática. A través de este acuerdo, se pueden confrontar la huellas dactilares de la víctima con la base de datos multibiométrica del Padrón Electoral.
Sin embargo, aunque el acuerdo ha presentado resultados, estos no han sido los esperados.
“Hasta el 24 de marzo de 2022, se contabilizan 158 peticiones (78 con resultado positivo, 9 con resultado negativo y 71 sin respuesta)”, destaca la CNB.
Por su parte, en enero 2023 Baja California se convirtió en la primera entidad de la República en tener un banco genética forense para la cual se invirtieron cerca de 32 millones de pesos. Parte de dicha inversión fue destinada a equipo de alta tecnología que permite comparar el ADN de cadáveres no identificados con los de personas que perdieron algún familiar. Los resultados se obtienen en menos de 90 minutos.
No obstante, La Jornada reportó en julio de 2023 que Baja California continuaba ocupando el primer lugar a nivel nacional con mayor número de cuerpos humanos sin identificar.
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