El viernes 5 de julio un juez resolvió que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene un plazo de tres días para hacer pública la información sobre el origen de la contaminación del agua en la Alcaldía Benito Juárez, detectado desde el mes de abril.

Lo anterior, luego de que Laura Ballesteros Mancilla junto a vecinos de la demarcación y liderazgos comunitarios como Rodrigo Cordera, Luis Manuel León y Úrsula Amaranta Martínez, emplazaron al Gobierno capitalino a hacerlo a fin de que los ciudadanos y principalmente los vecinos de la mencionada alcaldía, conozcan el origen de la contaminación hídrica que meses atrás les causó afectaciones en su salud.

Luego de difundir un video a través de sus redes sociales, la actual secretaria de Gestión Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y futura Diputada Federal de la legislatura que comienza en septiembre, informó que desde el 11 de mayo pasado se interpuso un amparo para obligar al Gobierno local dar a conocer toda la información.

El pasado viernes un juez resolvió que el Gobierno de la CDMX tiene un plazo de tres días para hacer pública la información sobre el origen de la contaminación del agua en la mencionada demarcación, situación detectada desde el mes de abril, indicó en el clip Ballesteros Mancilla.

Y agregó, “El gobierno de la Ciudad de México no solo reaccionó tarde y mal, sino que clasificó la información de todos los estudios que le hizo al agua para saber qué era lo que la estaba contaminando, porque se sospechaba que podría ser incluso gasolina, y se supo que eran hidrocarburos. Siguen poniendo en riesgo a la población”, expuso.

“Tiene 3 días para hacerlo. El juez nos otorgó el amparo contra la clasificación de información que intentaron hacer. La gente tiene derecho a saber qué estuvimos bebiendo y usando. Lo logramos”, posteó en su cuenta de X.

Exhorto urgente

En dicho contexto, la emecista llamó al Gobierno que encabeza Martí Batres, para que haga pública la información que en el mes de mayo decidieron clasificar por un periodo de tres a cinco años; que se cumpla con la resolución judicial y se de a conocer en medios oficiales, redes sociales y también en medios de comunicación.

Al respecto Úrsula Martínez, la abogada que presentó el amparo, explicó que, “Con esta resolución las autoridades están obligadas a hacer una declaratoria de emergencia ambiental por la contaminación del agua, así como también Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene que garantizar que el agua no esté contaminada con posibles hidrocarburos y de ser así, suspender el suministro de agua contaminada, así como como el cobro de esta agua”, señaló la jurista.

“En menos de tres días el gobierno de la ciudad porque se nos otorgó el amparo va a tener que hacer pública toda la información sobre los estudios del agua, esto no se acaba hasta que se acaba y nuestro derecho a la salud, al medio ambiente sano y al agua lo vamos a pelear y lo vamos a defender, reiteró la próxima legisladora.