Grupos civiles piden a Claudia Sheinbaum no incorporar la Guardia Nacional a la Sedena

Claudia Sheinbaum anunció una reforma constitucional significativa que busca transferir operativa y administrativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) a partir del 1 de octubre de 2024. Esta decisión, presentada el 23 de junio, modifica la naturaleza civil de la Guardia Nacional, cambiándola a una institución militar.

La propuesta inicial fue hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Según esta reforma, se modificaría el artículo 21 de la Constitución, permitiendo al Ejecutivo federal disponer de la Fuerza Armada permanente también para labores de seguridad pública. Además, se amplían las atribuciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz conforme al artículo 129 de la Constitución, permitiéndoles actuar en cualquier ámbito del orden jurídico mexicano.

Voces críticas como la del Congreso de la Unión han señalado que estas reformas implican una reestructuración de las relaciones cívico-militares definidas desde 1917. Temen que las Fuerzas Armadas, tradicionalmente subordinadas a la autoridad civil y limitadas a actividades relacionadas con la disciplina militar en tiempos de paz, adquieran facultades excesivas.

La iniciativa ha generado preocupación sobre la participación de los militares en ámbitos de la vida civil y la posible violación del principio de separación de poderes y la independencia judicial. Algunos temen que las Fuerzas Armadas no rindan cuentas adecuadamente, especialmente en investigaciones donde esté involucrado personal militar.

En este contexto, los opositores han llamado a la próxima presidenta y al Congreso a reconsiderar la iniciativa, argumentando que podría erosionar las obligaciones internacionales de México y transformar radicalmente la estructura de seguridad pública del país.

Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra han manifestado preocupación por el uso de militares en tareas de seguridad pública en México. Desde 2006, la estrategia militar no ha logrado reducir el tráfico de drogas ni la violencia, y ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos.

La principal crítica se refiere a la militarización de la Guardia Nacional (GN), operada por militares “comisionados”. Se argumenta que la seguridad pública debe estar a cargo de las policías civiles, mientras que el rol de las fuerzas armadas debería limitarse a proteger al Estado de amenazas externas. Actualmente, los militares han desplazado a las policías civiles a nivel federal, y líderes exmilitares ocupan puestos clave en diferentes niveles.

Información alarmante muestra que al menos seis de las catorce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México involucran violaciones perpetradas por militares, incluyendo tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Según Amnistía Internacional, esta situación viola tanto el orden jurídico mexicano como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de México.

Ambas organizaciones insisten en la necesidad de que la próxima administración federal implemente un plan de desmilitarización y establezca mecanismos de supervisión eficaces sobre las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que estarían bajo la autoridad civil y solo en situaciones excepcionales y temporales. Además, destacan la importancia de fortalecer y dignificar el trabajo de las policías civiles.

Los defensores de derechos humanos subrayan que las políticas de seguridad deben enfocar a la protección de las personas y el respeto a los derechos humanos, contrario a la militarización. La seguridad ciudadana es el objetivo esencial.

Claudia Sheinbaum anunció durante la apertura de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, que seguirá con el plan de Andrés Manuel López Obrador de incorporar esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La mandataria electa destacó que el objetivo es fortalecer la seguridad en el país.

La GN se estableció oficialmente el 26 de marzo de 2019, conforme al decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y comenzó a operar el 1 de julio del mismo año. En sus inicios, se desplegaron 70 mil elementos en 150 regiones de México para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad nacional.

Sin embargo, la iniciativa de incorporar la GN a la Sedena ha provocado controversia. Diversos sectores sociales han expresado su preocupación, argumentando que esta acción podría derivar en una militarización del país. Estas preocupaciones se han intensificado desde que se propuso la transformación de la GN.

En una conferencia de prensa el pasado 24 de junio, Sheinbaum defendió su postura, afirmando que la estrategia de seguridad será definida en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Subrayó que la coordinación interinstitucional es esencial para abordar los desafíos de seguridad y garantizar la paz en el territorio nacional.