Pobladores desplazados se niegan a volver a Tila; aseguran que lo harán hasta que el gobierno firme acuerdos de seguridad

Los pobladores piden el desarme en la comunidad. Desde el pasado viernes, miles de habitantes de Tila, Chiapas, decidieron dejar su domicilio y desplazarse a demarcaciones vecinas tras amedrentaciones y ataques con armas de fuego por sujetos armados; ahora exigen al gobierno que firme un acuerdo para garantizar su seguridad y poder volver a sus casas.

El primer contingente de locatarios desplazados se calculaba en 4 mil, sin embargo, el monto se ha triplicado; algunos de ellos se encuentran en albergues que el gobierno instaló para brindar atención, mientras que otros se refugiaron en parroquias y con familiares en los municipios de Tumbalá, Sitalá y Sabanilla.

De acuerdo con información de medios locales, los habitantes desplazados fueron convocados por representantes de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como funcionarios del gobierno de Chiapas y el presidente municipal.

Tras cuatro horas en la mesa de diálogo, los servidores se negaron a explicar los acuerdos.

En tanto, los representantes de los desplazados emitieron una postura y pidieron a los afectados no retornar, ya que las autoridades dijeron que volver a Tila depende de quienes se encuentran en los albergues, pues ya han desplegado seguridad en el municipio, aunque no conformes con ellos, los pobladores piden firmar un acuerdo para garantizar la seguridad.

“Dicen que ya tienen desplegada la seguridad adentro, que el retorno prácticamente lo vamos a decidir nosotros cuando nos sintamos seguros para regresar y obviamente no nos sentimos seguros para regresar, porque no vemos que están ejecutando las órdenes de presentación”, dijo Adelaida Martínez, una de las representantes de los desplazados.

Lo que piden los pobladores es la detención de sus agresores, el desarme en la zona, y que se atienda el problema sobre la situación legal de la tenencia de la tierra en la que está la cabecera municipal, lo cual detonó, desde 2015, la confrontación entre ejidatarios y pobladores.

A lo largo del 11 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías estatales acudieron al municipio para retirar los vehículos incendiados, limpiar las calles y restablecer el servicio eléctrico, pero los locatarios aseguran que esto no garantiza la seguridad.

“Sí están las fuerzas de seguridad allá, pero si solo van a levantar cadáveres como sucedió en los seis meses que estuvo la Sedena, realmente no hay seguridad”, comentó la representante de los desplazados y aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno se negaron a firmar los acuerdos.