Manuel Lozano, ex director Comercial de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) podrá ser extraditado a México luego de que un juez en Argentina - país en el que fue detenido en mayo de 2023 - aceptó su traslado a nuestro país para que enfrente la justicia por presunto desvío.
Fue el juez Federico Villena, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora 1 quien determinó procedente la extradición de Manuel Lozano, luego de que autoridades mexicanas cumplieron con los requisitos previstos en la normativa.
De esta forma, el documento al que Infobae México tuvo acceso, señaló:
“Declarar procedente la extradición de Manuel Lozano Jiménez, de las demás circunstancias personales ya mencionadas, a los estados Unidos Mexicanos, para su enjuiciamiento en los Estados Unidos Mexicanos en el marco de las causas 44/2023 (por su probable participación en los delitos de peculado”, se lee en el documento.
Lozano Jiménez es uno de los exfuncionarios federales que han sido detenidos por presuntos actos de corrupción en Segalmex, en un caso con el que ha cargado el presidente Andrés Manuel López Obrador en gran parte de su sexenio.
El desfalco en Seguridad Alimentaria ascendería a más de 15 mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso contra Lozano Jiménez
Se indicó que Lozano Jiménez junto a otros exfuncionarios de Segalmex, otorgaron ilegalmente y autorizaron una compra de azúcar a una empresa denominada Servicios Integrales Carregin, S.A. de C.V., mediante tres convenios realizados sin licitación pública.
El perjuicio patrimonial para el órgano descentralizado se calculó en un aproximado de 142 millones 440 mil 883 pesos, según consta en denuncias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La justicia argentina consignó que en este caso se señaló la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que la Fiscalía general de la República en México inició un indagatoria que detectó un modus operandi que se extendió desde 2018, año en que López Obrador asumió la Presidencia y hasta 2021.
De acuerdo con los documentos revisados por Infobae, las autoridades consignaron que Manuel Lozano hizo uso de un esquema de “empresas fantasma para realizar operaciones en el sistema financiero mexicano y dar apariencia lícita a recursos públicos obtenidos ilícitamente mediante simulaciones jurídicas”.
La investigación emprendida por la FGR, que está a cargo de Alejandro Gertz Manero, ubicó a la empresa Carregin como una empresa fantasma luego de que encontró que fue constituida en octubre de 2018 con al menos 60 objetos sociales “difusos y discordantes entre sí”, a lo que se suma el que únicamente registró a siete trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo, se encontró que el domicilio con el que la empresa se registró correspondía a un inmueble que funcionaba como casa habitación.
“La empresa no contaba con la infraestructura humana, material no económica para soportar la operatividad a la que supuestamente se dedicaba, menos aún para llevar a cabo la relación contractual celebrada con la empresa paraestatal Diconsa”, se lee en los documentos a los que Infobae tuvo acceso.