Samuel García llama al voto para tener un congreso aliado que deseche el juicio político en su contra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el proceso legislativo del Congreso de Nuevo León que abre un juicio político contra Samuel García, tras dicha determinación, el gobernador del estado pidió ayuda a la población para tener un “congreso aliado”.

Para ello, es necesario sacar del congreso a la mayoría de representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con lo que explicó Samuel García. De esta forma, dejó entredicho su petición de que las personas voten por Movimiento Ciudadano.

Durante su grabación publicada en X, Samuel García explicó que si bien “ganó” una parte del proceso electoral porque “ya no será tan fácil que lo quiten de la gubernatura”, aún queda pendiente el juicio en su contra.

“Todavía me van a estar molestando salvo que con su ayuda entre un nuevo congreso aliado que deseche el juicio político, es decir, quitar esta mayoría al PRIAN, sacar a la vieja política de una vez por todas”, dijo.

Además, señaló que tiene el 78% de aprobación, por lo que llamó a la población de Nuevo León a darle continuidad a su Gobierno.

Tras la solicitud de la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado. A pesar de esta validación, Samuel podrá continuar en su puesto durante el proceso gracias a una resolución que declara inconstitucional el artículo 203, párrafo segundo, de la Ley de Juicio Político.

Según esta decisión del tribunal constitucional, las y los ministros explicaron que “las y los integrantes del Poder Legislativo neoleonés no cuentan con las facultades para determinar la separación del cargo de un gobernador”. Esta facultad corresponde exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que necesita dictar una sentencia para proceder a dicha separación. La SCJN añadió que, si el Congreso local encuentra a García Sepúlveda culpable de faltas graves, será el Tribunal quien decida su continuidad.

El proceso de juicio político inició a principios de 2023 cuando la Comisión Anticorrupción aprobó la investigación por presuntas irregularidades en la administración del gobernador; sin embargo, el proceso se paralizó a raíz de un juicio contencioso administrativo promovido por García Sepúlveda, que logró obtener una suspensión, conforme a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado. También acudió al fuero de un juez de amparo para obtener una suspensión definitiva, impidiendo así que el procedimiento avanzara.

En una sesión del martes 21 de mayo, los ministros de la SCJN declararon inválido el párrafo segundo del artículo 203, que estipula que el acusado debe retirarse del cargo al inicio del juicio político. En consecuencia, el actual gobernador de Nuevo León continuará en su puesto mientras dure el proceso judicial.

Un mes después de la primera suspensión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León presentó una controversia constitucional contra la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa. Esta controversia fue aceptada, lo que resultó en la anulación de la suspensión otorgada a García Sepúlveda. “Se instruye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León para que, dentro del término de tres días, dicte las medidas necesarias y sobresea el juicio en mención”, dictaminó el Poder Judicial del estado según publicaron varios medios nacionales.

A finales del año pasado, mientras se desarrollaba esta batalla legal, el Congreso de Nuevo León decidió nombrar a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, puesto que García Sepúlveda había solicitado una licencia para buscar la candidatura a la presidencia de la república. La situación generó una crisis institucional, resuelta por la SCJN el 1 de diciembre, cuando se decidió la procedencia del nombramiento de Orozco Suárez. Sin embargo, tres días después, Orozco renunció, permitiendo que Samuel García Sepúlveda retomara sus funciones y dejando así a un lado sus aspiraciones presidenciales.

Finalmente, es relevante mencionar que, aunque el juicio político puede continuar con la validación de la SCJN, la decisión final quedará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Mientras tanto, García Sepúlveda deberá seguir cumpliendo con sus responsabilidades como gobernador, según la Constitución del estado.

“Se declara la invalidez del artículo 203, párrafo segundo, en su porción normativa el acusado queda solo por ese hecho separado de su cargo”, sostuvo la Suprema Corte en su resolución. Esta decisión subraya las limitaciones del Poder Legislativo en cuanto a la destitución de un gobernador, reafirmando el papel del Tribunal Superior de Justicia en este tipo de procesos.