Los grupos del crimen organizado han aumentado su control sobre extensas áreas de México debido a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no combatirlos, reveló el medio Financial Times en un artículo titulado “Los cárteles de la droga de México están prosperando”. La situación ha afectado gravemente la seguridad y preocupa a los votantes de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio.
En la Navidad pasada, en el patio de una casa colonial en Salvatierra, Guanajuato, una fiesta se convirtió en una tragedia cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una posada, disparando 195 balas y dejando 11 muertos y 14 heridos, según cifras oficiales. La masacre en Guanajuato, uno de los estados más violentos de México, es solo un ejemplo de cómo la violencia ha escalado bajo la actual administración, se lee en la publicación.
A pesar de la indignación nacional, las autoridades tardaron dos meses en arrestar a los presuntos responsables. Este tipo de demoras en la justicia ha incrementado la desconfianza y desesperación entre los ciudadanos, quienes ven cómo el crimen organizado se fortalece y expande.
Durante los cinco años y medio de presidencia de López Obrador, el crimen organizado ha visto un aumento significativo. Los cárteles más grandes, como el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se enfrentan a bandas más pequeñas pero igualmente violentas.
Además, los cárteles han diversificado sus actividades, involucrándose en tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, y extorsión, entre otros delitos. Según estimaciones del ejército estadounidense, los cárteles controlan alrededor de un tercio del territorio mexicano.
Financial Times señala que el alcance de los cárteles ha crecido no solo en territorio, sino también en poder económico y conexiones internacionales. Los químicos para fabricar drogas sintéticas, como el fentanilo, provienen de China e India, y mantienen vínculos con mafias europeas como la ‘Ndrangheta italiana. Este escenario tiene consecuencias globales, como el aumento de la violencia en Ecuador debido a la pelea entre CJNG y Sinaloa.
La publicación apunta que la política de seguridad de López Obrador, conocida como “abrazos, no balazos”, ha sido severamente criticada. La estrategia busca atacar las causas profundas del crimen y evitar confrontaciones directas con los cárteles, pero ha tenido el efecto no deseado de expandir la presencia geográfica del crimen organizado.
El presidente ha intentado mantener el control de la narrativa, ofreciendo informes de seguridad frecuentes y destacando una reducción en los homicidios en los últimos tres años. Sin embargo, las cifras oficiales son cuestionadas. Los asesinatos reportados han bajado, pero se ha registrado un aumento en el número de personas desaparecidas y un incremento en el reporte de homicidios involuntarios.
La complicidad y corrupción entre algunas fuerzas policiales y autoridades locales ha facilitado la expansión y operación del crimen organizado en México. Existen múltiples denuncias y evidencias que indican que efectivos policiales municipales y estatales están en la nómina de los cárteles o se ven obligados a trabajar para ellos bajo amenazas de violencia extrema. Esta situación se traduce en una impunidad casi total para los cárteles, permitiéndoles operar con mínima oposición.
Con las próximas elecciones presidenciales en junio, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes, asegura el reportaje.
La interferencia del crimen organizado en los procesos electorales se ha convertido en una problemática seria en México. Los cárteles han incrementado su influencia política mediante amenazas, asesinatos y coacciones a candidatos y funcionarios. Esta campaña electoral, que incluye elecciones para congresos federales y estatales, gobernaciones y alcaldías, ha sido la más mortífera en la historia reciente del país.
Dicha intervención no solo afecta la integridad del proceso democrático sino que también permite a los cárteles consolidar su poder sobre diversas regiones al influir en la elección de autoridades que puedan favorecer sus intereses. Este patrón de violencia e intimidación socava la confianza pública en las instituciones y pone en riesgo la estabilidad de las comunidades afectadas.
La publicación señala que el efecto del crimen organizado no sólo afecta a la seguridad cotidiana, sino también a la economía y la inversión extranjera, pues las empresas gastan considerables sumas en seguridad, y algunos grupos extranjeros reconsideran su inversión debido a los riesgos.
La situación en algunos estados, como Jalisco y Guerrero, es tan crítica que ciudadanos y líderes de la iglesia han iniciado diálogos directos con los líderes de los cárteles para negociar la reducción de la violencia.
La futura administración enfrentará el desafío de revertir años de deterioro. Con el crimen más poderoso y extendido, la tarea de cualquier nuevo líder será titánica, indica el medio.
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