La eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial seguirá “congelada”, determina la Suprema Corte

Los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que pretendía desaparecer los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Con la decisión tomada por las y los ministros durante la sesión del miércoles 15 de mayo, la extinción —promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— de la prestación seguirá “congelada”, tal como lo promovió una juez el año pasado, por lo que la decisión del Congreso de la Unión sigue sin poderse aplicar.

De acuerdo a los argumentos que presentó la exmilitante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la extinción de dichos fideicomisos podría ayudar a la población de Guerrero, debido a que los fondos tendrían como objetivo apoyar a aquellos que se vieron afectados tras el paso del huracán Otis.

Aunque la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, habría aceptado conversar para que estos recursos ayudaran a la ciudadanía guerrerense, a finales de 2023 la jueza de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Elízabeth Trejo, otorgó una suspensión definitiva ante un procedimiento que inició la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación (Judef) para evitar la extinción.

Aunado a lo anterior, el titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Edgar Martín Gazca, también otorgó una suspensión en contra de los cambios hechos a la Ley Orgánica del PJF; situación que fue considerada por Batres Guadarrama como una extralimitación, debido a que “priorizó los intereses de la judicatura sobre la población afectada”.

Tras los posicionamientos, los ministros Luis María Aguilar Gómez, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayá, además de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, votaron en contra debido a que consideraron que la argumentación respondiera necesariamente a la extinción de los fideicomisos, sino que más bien había una causal social lejana.

Especialmente el ministro presidente de la Segunda Sala, Luis María Aguilar, reviró al posicionamiento de Batres, al considerar que los recursos se pueden obtener de otras partidas presupuestales a disposición del Poder Ejecutivo; no obstante, destacó que no era momento de analizar la vulneración, ya que correspondía al fondo del juicio de amparo.

• Pertenecientes al Consejo de la Judicatura

1. Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces: 76 millones 572 mil 294.30 pesos.
2. Fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados: por 4 mil 722 millones 319 mil 850.50 pesos
3. Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos: 69 millones 75 mil 827.90 pesos.
4. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura para las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal: 4 mil 308 millones 993 mil 045.30 pesos.
5. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las Acciones Colectivas Difusas con 1.06 pesos.

• Pertenecientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
  • Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos: 15 millones 943 mil 069.49 pesos.
• Pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

1. Pensiones complementarias para mando superior: 832 millones 881 mil 665.60 pesos.
2. Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo: 2 mil 972 millones 640 mil 326.60 pesos.
3. Remanentes presupuestales: 1 mil 386 millones 20 mil 861.60 pesos.
4. Manejo de producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos: 177 millones 831 mil 290.90 pesos.
5. Plan de prestaciones médicas:145 millones 066 mil 123.40 pesos.
6. Fondo para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia: 727 millones 411 mil 587.00 pesos.

El único fideicomiso que no se tuvo contemplado eliminar es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que maneja el Consejo de la Judicatura.