En México, el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 120, estipulan el derecho de los trabajadores para recibir parte de las utilidades de las empresas, pago que se considera un incentivo para la mejora de la productividad laboral, premiando el esfuerzo y la dedicación de los empleados.
La determinación de cuánto corresponde a cada trabajador dependerá de los ingresos netos reportados por la empresa.
Los empleados tienen la posibilidad de verificar si la compañía ha reportado utilidades, revisando la copia de la declaración de ingresos que el empleador debe proporcionar a los representantes laborales, ya sea a través de sindicatos o directamente a los trabajadores, dentro de un plazo máximo de diez días después de su entrega al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La transparencia en el proceso de compartir utilidades es crucial para mantener una relación equitativa entre empresa y trabajadores. Adicionalmente, se promueve un principio de justicia social, al asegurar que los frutos del progreso y el trabajo colaborativo sean disfrutados de manera colectiva.
Legalmente, las compañías tienen hasta 60 días para pagar las utilidades a partir de la fecha en que pagan sus impuestos al SAT, por lo tanto, el límite es al final de mayo.
Si se cumple el plazo y la empresa, o patrón, no otorga las utilidades correspondientes a los empleados, se hará acreedor a una multa que puede ser de 50 a 5 mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización), que actualmente es de 108.57 pesos.
Por lo tanto, la multa podría ir de los 5 mil 428 pesos con cincuenta centavos hasta los 542 mil pesos 850 pesos.
Cómo se pagan las utilidades en México
Las empresas mexicanas deben distribuir sus utilidades entre sus empleados en dos tramos iguales, uno basado en la igualdad y otro en proporción a los salarios, con un plazo límite de 60 días después de la fecha de pago del impuesto anual.
Este esquema de reparto se establece para garantizar una distribución justa de las ganancias del año anterior, promoviendo así una mayor equidad entre los trabajadores.
En detalle, el primer 50% de las utilidades se asignará por igual entre todos los trabajadores teniendo en cuenta los días trabajados, sin importar el monto de sus salarios. Por otro lado, el segundo 50% se distribuirá en función del salario devengado por cada empleado durante el año fiscal correspondiente. La cantidad que cada trabajador puede recibir por concepto de participación de utilidades está limitada a un máximo de tres meses de salario o al promedio de lo recibido en los últimos tres años, eligiendo la opción que más beneficie al trabajador.
Las compañías encuadradas tanto en el Régimen General como en el Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales tienen hasta el final de mayo para realizar esta distribución. Además, se rescata el dato importante de que las ganancias no reclamadas dentro del plazo establecido se acumularán para el reparto del próximo ciclo fiscal, y los trabajadores contarán con hasta un año para solicitar este beneficio una vez generado el derecho.
Este mecanismo no solo busca favorecer una participación equitativa de los trabajadores en las ganancias de las empresas sino también establecer plazos y condiciones claras para su cumplimiento, contribuyendo a una mejor relación laboral y un ambiente de trabajo más justo y equitativo.
En México, las prestaciones laborales están definidas por la Ley Federal del Trabajo y pueden variar según el contrato laboral y la empresa. Además, existen otras prestaciones que pueden ser acordadas en el contrato laboral o negociadas por sindicatos, como fondos de ahorro, bonos de productividad, vales de despensa, seguros de vida, plan de retiro, entre otros.