Comisionadas y el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) declararon que la investigación de oficio que iniciaron por la divulgación de los datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llegará hasta las últimas consecuencias.
Así lo dieron a conocer el pasado lunes en entrevista con medios de comunicación, donde explicaron que la divulgación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al exhibir el caso Márquez Padilla es grave, y puntualizaron que la indagatoria no tiene nada que ver con que se trate de un caso de corrupción.
El Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, señaló que ya se habían iniciado las investigaciones, pues hay elementos para hacerlas desde la publicación del caso en el sitio oficial del Gobierno Federal. “No es que el INAI se esté contradiciendo con sus resoluciones. Hay un artículo en la propia Ley Federal de Transparencia, en la Ley General, que establece que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción. En principio, toda esa información es pública; sin embargo, también hay que proteger datos personales o información confidencial”, declaró.
Explicó que lo que se hacía en una publicación de oficio es una prueba de interés público para determinar si es más valioso el interés público o la confidencialidad. Alcalá Méndez dijo que si bien es cierto que la información relacionada con casos de corrupción es pública, también hay deberes y principios que se deben mantener, como es la información confidencial.
“En ese sentido, no es que riña uno con otro, que nosotros con abrir esta investigación de oficio estemos riñendo o contradiciéndonos con nuestra resolución. La única forma en la que se puede ponderar un derecho, un dato personal que también es un derecho fundamental versus este tema de corrupción, es la potestad que ejercemos nosotros como organismos garantes cuando estamos analizando un caso en particular es que aplicamos una prueba de interés público”, expresó.
Por su parte, la comisionada Norma Julieta del Río lamentó que la filtración de información personal se esté convirtiendo en una cotidianeidad en Palacio Nacional. “Es una situación que ya está pasando cotidianamente. Ese es el apuro. Ya es muy fácil estar violentando datos. Hoy en la mañana el Presidente decía que, en alguna resolución, nosotros desclasificamos los datos, bueno, lo que pasa, y que no podíamos proteger corrupción. Lo que pasa es que una cosa es una denuncia, ya sea en el tema civil, penal, eso no es nuestro trabajo, claro, pero sí la exposición de datos personales porque se pueden testar estos datos”.
Dijo que existió la violación y eso era muy grave, y lo más grave era que se hacía de manera común.
La comisionada Josefina Román Vergara dijo que, como parte del procedimiento de investigación, se prevé una segunda etapa, que es un procedimiento de verificación, una especie de auditoría, que se aplica a lo largo de 50 días.
“Y, la última etapa, tratándose de servidores públicos, lo que tenemos que hacer es armar el expediente perfectamente y remitirlo al Órgano de Control Interno para que inicie el procedimiento que establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Somos muy serios en aplicar estrictamente lo que la ley establece y, en este caso como en cualquier otro, vamos a concluir los procedimientos que la propia ley señala”, indicó.
Por último, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, señaló que el INAI está trabajando con base en las facultades constitucionales que tiene, y eso puede representar incomodidad para algunas autoridades que se resisten a cumplir con lo establecido en la ley.
Las y el comisionado reconocieron que, hasta el momento, no ha habido denuncias por el caso ni hay comunicación directa con los involucrados.