AMLO pide a la SCJN no eliminar la prisión preventiva oficiosa: “Ojalá recapaciten”

Luego de que los 31 gobernadores del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México se unieron, sin importar su partido político, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no elimine la prisión preventiva oficiosa del Código Penal, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la acción y se unió al llamado.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 7 de mayo, el líder del Ejecutivo pidió al máximo tribunal del país “entrar en razón”, luego de que recientemente señalaran que esta medida no debería ser superior a dos años e informaran que buscan eliminar su aplicación en ciertos casos.

“Yo espero que la SCJN recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado”, declaró desde el estrado del Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Como ejemplo, mencionó la reciente liberación de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, hermano del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bajo ese contexto, afirmó que “está bien” que las y los mandatarios estatales estén pendientes sobre el actuar de la SCJN y que demanden una actitud responsable de la Corte.

“Ellos son quienes padecen, los Ministerios Públicos, los fiscales, los policías. Ojalá con este exhorto que hacen los gobernadores…que no tomen una resolución nada más para hacer sentir que ellos mandan y que tienen mucho poder”, aseveró.

A través de un pronunciamiento en calidad de “Amicus Curiae”, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) solicitó a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández. no eliminar la privación preventiva oficiosa argumentando que surgirían efectos adversos en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana.

Señalaron que la figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal, así como el esclarecimiento de los hechos.

“Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del ´país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que, una eventual decisión adversa de ese Poder, tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”, expusieron.

Cabe destacar que el pronunciamiento de las y los gobernadores se da luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegurara que esta medida cautelar es totalmente convencional y sugirió eliminarla a todas las naciones que continúen esa práctica, incluyendo México.

En México, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar prevista en el sistema de justicia penal, que permite el encarcelamiento de una persona durante el proceso judicial previo a la emisión de una sentencia, sin que sea necesaria una evaluación individualizada del caso por parte del juez.

Esta medida se aplica de manera automática para ciertos delitos que la ley considera de especial gravedad y riesgo, como son el homicidio doloso, delitos sexuales contra menores, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, entre otros estipulados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México ha sido motivo de debate, especialmente en términos de derechos humanos, debido a que implica la privación de la libertad de una persona sin una sentencia condenatoria, lo que ha generado preocupaciones sobre el principio de presunción de inocencia.

A pesar de esto, quienes defienden esta medida la consideran necesaria para asegurar que el acusado no evada la acción de la justicia, no obstruya la investigación en curso o represente un riesgo para la sociedad o las víctimas.

La lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha sido modificada en diversas ocasiones, ampliándose para incluir más delitos, lo cual también ha generado discusión sobre la proporcionalidad y el impacto de esta medida en el sistema penitenciario y en el respeto a los derechos fundamentales.