¿Qué pasó con el penal de Topo Chico? Así luce la prisión que alguna vez fue considerada la más peligrosa de México

El penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, tiene una historia que se extiende por más de 75 años, marcada por eventos de violencia y sobrepoblación hasta su cierre definitivo en 2019. Su historial de motines, asesinatos, y contrastes entre celdas VIP y otras insalubres y sobrepobladas llevó a que en algún momento fuera considerada la prisión más peligrosa de México.

Este recinto, símbolo de los problemas del sistema penitenciario mexicano, testimonió una serie de sucesos que cuestionaron las condiciones de seguridad y derechos humanos de los internos.

Inaugurado en 1943, el Centro de Reinserción Social Topo Chico fue diseñado originalmente para albergar a una población carcelaria considerablemente menor a la que terminó conteniendo décadas después. A medida que pasaron los años, el aumento de la criminalidad y los cambios en el tejido social de Nuevo León llevaron a que el penal experimentara una sobrepoblación crónica, con reclusos viviendo en condiciones inhumanas.

Según información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad, hasta diciembre de 2015, el penal de Topo Chico albergaba a 3,965 reclusos, superando su capacidad máxima de 3,685 plazas. Cifra que fue exponencialmente creciendo con los siguientes años.

La infraestructura, pensada para otros tiempos, se vio rebasada, dificultando la gestión y el control por parte de las autoridades.

La violencia fue una constante en Topo Chico, con numerosos enfrentamientos entre reclusos y motines que dejaron un saldo trágico de muertos y heridos a lo largo de los años.

El 27 de marzo de 1980, la cárcel fue escenario de un motín en el que reclusos tomaron como rehenes al director, el Capitán Alfonso Domene Flor Milán, junto con tres de sus secretarias. Aunque el levantamiento fue sofocado, el trágico desenlace incluyó el asesinato del Capitán Domene dentro de las instalaciones.

Décadas después, el 10 de febrero de 2016, se registró el motín más letal en la historia del sistema penitenciario de México. La disputa por el dominio del penal, entre las facciones lideradas por “Z-27″ de Los Zetas y “El Credo” del Cártel del Golfo, resultó en la muerte de 49 reclusos.

En el penal de Topo Chico, la desigualdad era patente incluso en las condiciones de vida de los reclusos: mientras algunos vivían en celdas con lujos impensables para un centro de reclusión, otros enfrentaban situaciones de insalubridad y abandono extremo. Esta polarización no sólo reflejaba las jerarquías internas y el poder de ciertos grupos dentro del penal, sino también la profunda crisis en el sistema penitenciario que permitía y sostenía tales diferencias.

Las celdas de lujo, a menudo asociadas con miembros de alto rango de organizaciones criminales como Los Zetas, contaban con comodidades que iban desde pantallas de televisión planas con cable, sistemas de aire acondicionado, hasta muebles de lujo, salas de juegos, barberías y jacuzzis.

También había locales de comida en donde los reos “de primer nivel” podían adquirir comida como hot dogs o sándwiches cuando quisieran; también había bares y hasta tenían derecho a visitas de mujeres, presuntamente quienes sufrían explotación sexual. También albergaban armas, drogas y dinero que obtenían también de otros prisioneros por otorgarles protección.

Estas áreas eran consideradas verdaderos espacios de poder dentro del penal, marcando un contraste abismal con las condiciones del resto de la población carcelaria. Estas celdas, ubicadas en sectores estratégicos controlados por los grupos delictivos, no solo eran símbolo de estatus, sino que también servían para dirigir operaciones delictivas desde dentro del penal, como las extorsiones.

Por otro lado, la mayoría de los reclusos vivían en condiciones diametralmente opuestas con celdas diseñadas para unas pocas personas ocupadas por el doble o el triple de su capacidad. Esto llevaba a situaciones de insalubridad, con servicios sanitarios insuficientes y en mal estado, falta de ventilación adecuada, y acceso limitado a agua potable. Las enfermedades se propagaban con facilidad ante la imposibilidad de mantener medidas básicas de higiene, aunado a la presencia de ratas, cucarachas y otras plagas.

La complicidad de algunos miembros de las fuerzas de seguridad con el autogobierno ejercido por grupos delictivos dentro del penal de Topo Chico fue una realidad innegable que exacerbó los problemas de violencia e injusticia. Esta colusión no solo permitía la existencia de las celdas de lujo y el control interno por parte de ciertas facciones criminales, sino que también facilitaba la entrada de objetos prohibidos y el mantenimiento de redes delictivas operando desde la prisión.

Tras el cierre del penal se anunció que las instalaciones, incluyendo dormitorios, celdas de castigo y áreas comunes, serían demolidas para dar paso a la creación de un parque público, proyecto apoyado por empresarios de la región. El Parque Libertad abrió el 20 de septiembre de 2021.

Sin embargo, se ha mantenido en pie un edificio, evocando el recuerdo de los episodios de violencia, motines y hasta rituales considerados satánicos que marcaron la historia del lugar. Vecinos de la zona se han opuesto a que este sea demolido debido a que también acabarían con las pocas áreas verdes que hay en la zona, pues el plan es construir tres edificios para la recreación, cultura, archivo, museo y cineteca, pero éste sigue en el aire.

Recientemente, influencers han visitado las instalaciones remanentes, constatando y documentando que, a pesar de los esfuerzos por transformar el espacio, la atmósfera y la memoria del terror que una vez imperó en Topo Chico permanecen intactas.

Youtubers e influencers han mostrado en video e imágenes que las paredes aún tienen murales dedicados a la Santa Muerte o figuras religiosas; además aún quedan colchonetas, prendas, basura y más.