Distintas organizaciones civiles y especialistas han subrayado el problema que representa el empoderamiento económico a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incrementó el presupuesto militar en un 150% desde que asumió el poder en 2018.
De acuerdo con el diario El Financiero, el Ejército de México ha excedido su asignación presupuestaria en un notable 29% durante el pasado año, destinando la mayor parte de estos recursos excedentes a proyectos de infraestructura ligados estrechamente a la agenda Federal.
Entre estos, destacan la construcción del Tren Maya y la inversión en la aerolínea estatal Mexicana, proyectos que en conjunto han reconfigurado el papel de la Secretaría de Defensa (Sedena) en la economía nacional.
El incremento del presupuesto militar en la gestión del presidente López Obrador manifiesta una tendencia hacia la utilización de las fuerzas armadas en la realización de proyectos de infraestructura de gran envergadura.
Sin embargo, este aumento en el gasto no ha estado exento de controversias, especialmente por la manera cómo se ha gestionado financieramente.
La Sedena, que engloba tanto al ejército como a la fuerza aérea, fue autorizada a gastar 112 mil millones de pesos (aproximadamente 6.6 mil millones de dólares) en 2023, pero sus gastos ascendieron a 144 mil millones de pesos, evidenciando un sobregasto significativo del 29%.
Este desbordamiento presupuestario se amplía al Tren Maya, un proyecto inicialmente asignado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que fue transferido a la Sedena en septiembre de 2023 sin aprobación del Congreso, asignándole 10 mil 100 millones de pesos (casi 600 millones de dólares) de un presupuesto inicial de cero.
Similarmente, la inversión en la aerolínea Mexicana resultó en un gasto de 873 millones de pesos partiendo igualmente de un presupuesto inicial inexistente.
La periodista Andrea Navarro, del diario El Finananciero, entrevistó a la coordinadora de información de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, Aura Martínez, quien calificó estos aumentos como “muy sorprendentes”, apuntando que “en el mejor de los casos, demuestra una falta de planificación y, en cualquier caso, debilita la credibilidad presupuestaria del país”.
La forma en que la Sedena logró estos aumentos de gasto se centra en un mecanismo conocido como enmienda, permitiendo a la secretaría cambiar su presupuesto sin necesidad de aprobación legislativa, una estrategia que solo es comunicada al Congreso bajo circunstancias excepcionales cuando los cambios sobrepasan un 5% del presupuesto asignado.
Este mecanismo ha abierto debates sobre la eficacia y transparencia en la gestión de recursos públicos, especialmente en proyectos de gran visibilidad y controversia política.
Adicionalmente, la Sedena no solo ha invertido en proyectos bajo el reflector público como el Tren Maya o Mexicana, sino también en iniciativas menos conocidas pero igualmente significativas en términos de inversión, como la modificación de un rancho para incluir un centro de reproducción equina, que hasta la fecha ha costado 290 millones de pesos a partir de un presupuesto inicial nulo, y el desarrollo de un centro de gestación porcina en Querétaro, con una inversión de 9.4 millones de pesos.
Estos desembolsos han situado a las fuerzas armadas en un rol protagónico dentro de la agenda de desarrollo infraestructural del país, redefiniendo sus funciones y poniendo en relieve cuestiones fundamentales sobre la gestión fiscal, la planificación presupuestaria y la rendición de cuentas.
La controversia no solo recae en el monto gastado sino también en el procedimiento a través del cual estos gastos fueron autorizados y ejecutados, instaurando un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de los recursos públicos.
Por su parte, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) ha mencionado que el gobierno federal “ha creado mecanismos a modo para favorecer el enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, convirtiéndola en una poderosa cúpula política y económica”.
MUCD señaló en marzo de este año que las Fuerzas Armadas se ocupan de “ejercer, administrar y gestionar estratégicamente gran parte del dinero público y las ganancias de empresas estatales con opacidad, alta discrecionalidad y nula rendición de cuentas”.
“Su empoderamiento va en detrimento directo de nuestros derechos, la institucionalidad democrática y la primacía del poder civil sobre el militar. Es urgente revertirlo”, señaló la organización en su artículo “El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero”