La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 ha presentado un informe final que revela las deficiencias y errores críticos en la gestión gubernamental de México frente a la crisis sanitaria. Según el documento, existieron tres factores determinantes en la respuesta del país: la constante subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones importantes, y una política de “austeridad” que dejó al sistema de salud sin los recursos necesarios para enfrentar la pandemia.
El informe menciona que, incluso antes de la aparición del Covid-19, el sistema de salud mexicano ya enfrentaba problemas graves debido a la falta de inversión y a reformas que redujeron su capacidad. La prevalencia de enfermedades crónicas y desigualdades en la población hacían al país vulnerable a la pandemia. Sin embargo, una parte sustancial de la alta mortalidad y consecuencias trágicas se atribuye a una gobernanza ineficiente durante la emergencia, con una estimación que indica que casi 40% de las muertes en exceso fueron resultado de una mala gestión gubernamental.
La desigualdad aumentó los daños del COVID-19 en México
Durante la crisis sanitaria, las comunidades más pobres del país se vieron más afectadas. Las condiciones precarias exacerbaron las desigualdades en el acceso a la salud. La escasez de pruebas diagnósticas contribuyó a una percepción minimizada de la enfermedad y dejó a la población más vulnerable aún más expuesta al virus sin apoyos económicos extraordinarios. Además, errores en la gestión de datos y retrasos en las medidas sanitarias críticas convirtieron a la Ciudad de México en el epicentro de la segunda ola de la pandemia. La capital representó la cual dejó 24% de las muertes adicionales.
La estrategia de vacunación del país se enfrentó a desafíos por la insuficiente cobertura y la lentitud en su implementación, en parte debido a que las decisiones políticas prevalecieron sobre las sanitarias, esto incluye la negativa de vacunación prioritaria al personal de salud del sector privado. Este problema empeoró por la falta de transparencia en el proceso de adquisición y costo de las vacunas, protegido bajo el argumento de “seguridad nacional”.
La comunicación del gobierno se enfocó en proteger su imagen
El documento también critica la comunicación gubernamental durante la pandemia, argumentando que no se basó en estándares internacionales ni en evidencia científica, sino que se enfocó en proteger la imagen del gobierno. La omisión del principio de precaución y la resistencia impidieron una respuesta eficaz a la crisis.
Las recomendaciones de la Comisión incluyen la rehabilitación de órganos colegiados de salud, la reconstrucción de las capacidades administrativas y técnicas del Estado, establecimiento de protocolos de comunicación de riesgos y crisis, y un plan nacional para aumentar la inversión en salud. Se propone también un enfoque más holístico para la gestión de futuras emergencias sanitarias, enfatizando la importancia de la vigilancia epidemiológica, infraestructura sanitaria robusta, y la gobernanza basada en evidencias.