La liberación de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvió a abrir el debate en torno al papel de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) en materia de combate al crimen organizado, un tema que José Reveles identifica desde la mancuerna de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna.
En su libro Necropolítica y narcogobierno, José Reveles recuerda que una de las estrategias “publicitarias” de García Luna cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue precisamente la detención arbitraria de “delincuentes” para justificar con “cifras” la presencia del Ejército en las calles y las innumerables víctimas mortales que dejo la llamada “guerra contra las drogas”.
Para legitimar su gobierno, Felipe Calderón se “lanzó” contra el narcotráfico y “sin saberlo” eligió a un hombre que al menos desde el año 2001 -en el sexenio de Vicente Fox, fue señalado de servir al Cártel de Sinaloa-. García Luna aprovechó su experiencia policiaca y en servicios de espionaje para idear una estrategia que le serviría al segundo sexenio del PAN a presumir que el combate al crimen organizado era real.
Ayudado por algunos medios de comunicación y con una locación que incluía un helicóptero Black Hawk del Ejército Mexicano, García Luna presentó a decenas de supuestos integrantes del narcotráfico -algunos señalados incluso como líderes criminales-, saltándose en ocasiones el debido proceso al no presentarlos previamente ante un agente del Ministerio Público; esto provocó que muchos fueran liberados por inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos al momento de sus detenciones, falta de pruebas o simplemente porque eran inocentes.
“Lo más fácil, entonces, era tribuir corrupción o debilidad al sistema judicial”: José Reveles.
En qué se ocupaba la policía de García Luna y Felipe Calderón
Son múltiples los reportes periodísticos que dan cuenta de la colusión entre Genero García Luna con el Cártel de Sinaloa y con los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con algunos de los testigos que ayudaron a declararlo culpable en una corte de Nueva York, el “superpolicía” compartía información relevante de otros grupos criminales, brindaba protección a los operadores de El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, recibía sobornos millonarios y cargamentos de cocaína como pago por sus servicios y permitía que narcotraficantes como Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, participaran en operativos oficiales disfrazados de agentes de la Policía Federal.
Quizá uno los pasajes más claros de este pacto narco-político sea el narrado por “El Grande” ante el jurado que escuchó a los testigos contra García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York: “Yo participé en el operativo para atraparlo. Había personas vestidas como agentes falsos para detenerlo, entre ellos yo”.
Las palabras de Villarreal Barragán -el expolicía y exnarco que, según Anabel Hernández, confesó haber entregado dinero a García Luna y a AMLO- hacían referencia a la captura de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, a quien las autoridades mexicanas detuvieron en octubre de 2008, justo cuando estalló la guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la misma en la que el “superpolicía” quedó al servicio de ambos.
José Reveles hace alusión al término “viaticar” para identificar todas las acciones y los recursos públicos que fueron desviados para favorecer el pacto narco-político de García Luna. Así, el gobierno de Felipe Calderón ordenaba despliegues de policías y militares que nunca se llevaron a cabo, pero a los que se destinaban fuertes sumas del presupuesto; ordenó operativos con sobrecostos y permitió -por omisión o colusión- que policías a cargo del “superpolicía” se trasladaran a diversas regiones del país para combatir a los narcos con quienes no tenían acuerdos, realizar ejecuciones extrajudiciales y detener a cientos de presuntos criminales que días, meses o años más tarde serían liberados por incontables inconsistencias al debido proceso.