La Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), inició una carpeta de investigación tras la filtración de imágenes y videos relacionados al caso de Miguel ‘N’, señalado como presunto feminicida serial de Iztacalco. Esto a raíz de que, desde su detención y hasta la fecha, se han dado a conocer datos y material visual sobre algunas de sus posibles víctimas.
Fue durante la tarde del 29 de abril cuando Ulises Lara López, encargado de despacho de la fiscalía capitalina, informó que la dependencia busca sancionar a quien o quienes han filtrado información sobre el caso.
A través de un breve comunicado, señaló que la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos integró la indagación por la posible comisión de hechos con apariencia del delito en el ámbito de la procuración de justicia.
Cabe destacar que desde el pasado 25 de abril, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona manifestaron públicamente su preocupación por la filtración y el manejo de la información en el caso de Miguel ‘N’.
“La filtración y difusión de imágenes, audios o videos asociados a crímenes cometidos por razón de género es una práctica violatoria de derechos humanos de las víctimas y sus familias, atenta contra el derecho al debido proceso y amplifica el agravio cometido contra la vida y dignidad de las víctimas”, apuntaron.
En esa línea, solicitaron a las autoridades de la CDMX que apliquen la ‘Ley Ingrid’ para evitar la filtración y difusión de información en el proceso de la investigación y, con ello, mantenerla en secrecía.
¿Cuál es la información que las autoridades han hecho pública oficialmente?
Aunque Miguel ‘N’ fue detenido el pasado 16 de abril, por su presunta participación en el abuso sexual y asesinato de María José, una joven de 17 años, la Fiscalía de la CDMX reconoció al acusado como un posible feminicida serial hasta el 19 del mismo mes.
Aquel día, mediante un comunicado, informaron que tras ejecutar una orden de cateo a su domicilio, ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, de la alcaldía Iztacalco, se localizaron diversos restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, libretas, alrededor de 20 identificaciones oficiales femeninas, rastros hemáticos, teléfonos celulares, discos compactos y una memoria.
Posteriormente, el 25 de abril, Lara López informó que las investigaciones han aportado elementos para considerar, hasta el momento, la existencia de siete víctimas, cuyas muertes habrían ocurrido en 2012, 2015, 2018, 2019 y 2024.
Asimismo, se precisó que del total de las posibles víctimas de este individuo, el funcionario detalló que seis fueron privadas de la vida, mientras que el séptimo caso se trata de una tentativa de feminicidio.
Finalmente, la FGJCDMX rechazó tangentemente la información hecha pública por Animal Político, en la que se refiere que tanto la Secretaría de Gobierno de la CDMX como dicha dependencia tenían identificado al presunto feminicida desde noviembre de 2020.
“Esta institución desconoce por completo el informe al que hace alusión el medio. Dicho documento no obra en ninguna carpeta de investigación ni existe registro de que haya sido entregado a esta Fiscalía para ser agregado a alguna indagatoria”, advirtió Lara López.
¿Qué es la ‘Ley Ingrid’ y cómo podría ayudar?
La Ley Ingrid fue promulgada en la Ciudad de México como respuesta a la necesidad de proteger la privacidad y la dignidad de las víctimas de delitos, especialmente en casos de feminicidio y violencia de género.
Lleva el nombre de Ingrid Escamilla, una mujer cuya muerte y posterior difusión de imágenes explícitas de su cuerpo en medios de comunicación y redes sociales, ocurrido en febrero de 2020, motivaron un clamor social por medidas más estrictas contra la revictimización.
Esta normativa busca penalizar la difusión no autorizada de imágenes o información delicada sobre víctimas de delitos que atenten contra su dignidad o la de sus familias.
Entre sus principales disposiciones se incluye la sanción a servidores públicos que, abusando de sus funciones, filtren este tipo de material a terceros o a los medios de comunicación. La ‘Ley Ingrid’ establece penas que pueden ir desde multas hasta prisión.