La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), durante la conmemoración del 17° aniversario de la legalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), hizo un llamado a la población a reportar ante la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) cualquier servicio no autorizado que ofrezca procedimientos de ILE fuera de las instalaciones oficiales.
Para prevenir los problemas derivados de clínicas clandestinas, la AGEPSA, por su parte, se encarga de realizar inspecciones sanitarias en consultorios privadas que ofrecen servicios de interrupción del embarazo. De esta forma, se asegura que cumplan con los estándares de higiene, seguridad, y legalidad requeridos, además de contar con personal médico debidamente acreditado.
Las acciones de SEDESA tras las denuncias
SEDESA actuó en respuesta a denuncias ciudadanas contra entidades como “Decide ILE” y el “Centro de ayuda para la mujer latinoamericana A.C.”, quienes promocionaban sus servicios de manera irregular al exterior de instalaciones médicas. Los reportes dieron como resultado una investigación en la que se identificaron múltiples irregularidades, como la falta de los permisos necesarios, uso indebido de insumos médicos, y deficiencias en el manejo de residuos peligrosos, lo que llevó a la suspensión de sus actividades y la presentación de denuncias penales, de acuerdo con un comunicado de la institución.
Respecto a la cooperación de los capitalinos para identificar centro ilegales, SEDESA habilitó la línea telefónica 55 5740-0706 para que las personas realicen denuncias, las cuales se mantendrán en estricta confidencialidad. Este llamado se da ante el incremento de operativos ilegales que utilizan camiones o camionetas cercanas a unidades de la SEDESA, desde las cuales se ha proporcionando información y estudios médicos fraudulentos para disuadir a las mujeres de interrumpir sus embarazos de forma insegura.
Además, la SEDESA recordó a la población que dispone de servicios de ILE en siete centros de salud y siete hospitales, información que es accesible públicamente. Esta medida busca reafirmar el compromiso del gobierno de la ciudad con la salud pública y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, al tiempo que combate la desinformación y prácticas ilegales que ponen en riesgo la salud y bienestar de la ciudadanía.