Abogado presenta supuestas pruebas de que la casa de Xóchitl Gálvez sí es ilegal

Durante la realización del primer debate presidencial de cara a las elecciones del 2 de junio, la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz fue señalada de habitar en una casa ilegal que, presuntamente, forma parte de los inmuebles ligados al denominado Cártel Inmobiliario; tras ello, la senadora con licencia argumentó que se necesitaban pruebas para comprobarlo, que un abogado se dio a la tarea de difundir.

A través de la red social X -ants llamada Twitter-, el abogado identificado como Gustavo García Arias, difundió una serie de documentos con el fin de secundar la postura de la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

El primer documento filtrado por el litigante, afirma que en 2020 a la exalcaldesa de Miguel Hidalgo le fue negada una autorización de uso y ocupación por lo que remarca que el inmueble que habita “no puede ser habitado porque incumple con la normatividad”.

En el documento se puede leer que la casa de la aspirante a la presidencia ubicada en la calle Sierra Santa Rosa en la colonia Reforma Social fue escenario para llevar a cabo un recorrido por parte de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones; no obstante, al no llevarse a cabo, se notificó que la autorización de uso y ocupación era improcedente.

El abogado, momentos después, argumentó que el inmueble no se había clausurado aún debido a que el actual alcalde de Miguel Hidalgo, es decir, Mauricio Tabe, favoreció a la presidenciable a través de un expediente de verificación que data del 2021.

“Al haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos de esta Subdirección de Calificación de Infracciones, dependiente de la Dirección Ejecutiva Jurídica de esta Alcaldía, le informo que se encontró el expediente respecto al inmueble el cual se encuentra en proceso de la substracción, por lo que aun on cuenta con una resolución administrativa”.

Para poder explicar mejor a los internautas a qué se refieren los documentos expuestos, el abogado remarca que en la actualidad la Ley de Propiedad en Condominio para inmuebles en la Ciudad de México, no exige a los notarios “que un inmueble cuente con Autorización de Uso y Ocupación para poder escriturar”, por lo que aclara que esto no es sinónimo de ser un inmueble legal que, aunque puede contra con escrituras, en realidad no puede ser habitado.

Al momento, la candidata a la presidencia no se ha pronunciado por este hecho, al tiempo que tampoco lo ha hecho Claudia Sheinbaum Pardo quien fue la que señaló a senadora con licencia de habitar un inmueble de manera irregular.

El término “cártel inmobiliario” se usa para hacer referencia a un fenómeno de corrupción y prácticas ilegales en el ámbito del desarrollo urbano y la gestión inmobiliaria, particularmente en la Ciudad de México. Este problema implica la existencia de redes de complicidad entre empresarios del sector inmobiliario, funcionarios públicos y, en ocasiones, grupos criminales, con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la manipulación de procesos legales, la obtención ilegal de permisos de construcción y la violación de normativas urbanísticas y ambientales.

Las actividades asociadas al cártel inmobiliario tienen profundas implicaciones para la ciudad y sus habitantes, incluyendo la transformación irregular del tejido urbano, la generación de conflictos sociales por el uso y ocupación del espacio público, el incremento en los precios de la vivienda y la afectación al medio ambiente y al patrimonio histórico de la ciudad. También se asocia con la saturación de servicios e infraestructura urbana debido a la construcción desmedida y no regulada.

Los casos relacionados con este fenómeno suelen involucrar la construcción de proyectos inmobiliarios que exceden los límites establecidos por la planeación urbana, la obtención de licencias de manera irregular, construcciones en áreas protegidas o de alto valor ecológico, o en zonas donde el impacto socioambiental no ha sido debidamente evaluado.

Los esfuerzos para combatir el cártel inmobiliario en la Ciudad de México incluyen medidas legales y regulatorias, como la revisión y endurecimiento de los procesos para la obtención de permisos de construcción, la implementación de mayores sanciones para las violaciones urbanísticas y el fomento a la transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano. La colaboración entre ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades es fundamental para enfrentar este desafío, promoviendo un desarrollo urbano sostenible y equitativo.