En medio de la oleada de violencia que ha vivido la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar habría difundido un mensaje para descartar un conflicto entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa.
“Atención. No hay guerra en Sinaloa”, puede leerse en una serie de narcomantas que fueron encontradas en distintos puntos de la capital, en referencia a las distintas versiones que señalan una disputa entre Los Chapitos y su tío Aureliano Guzmán, alias ‘El Guano’, como el motivo de los recientes hechos delictivos, incluidos los secuestros de más de 60 personas.
Según el mensaje atribuido al hijo mayor de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estos sucesos se habrían derivado de una serie de represalias del cártel en contra de un grupo dedicado al robo a casa habitación en el estado.
“Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarlo sus casas a invadir su privacidad”, puede leerse al inicio de la lona colgada en al menos tres puentes de Culiacán.
“Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización, ténganlo claro. Familiares de personas que anden en esos delitos eviten pasar un mal rato y denuncien cualquier acto de esa índole”, añade el mensaje firmado por “IAG”.
Junto a dicha amenaza, personas que presuntamente trabajarían para el jefe de Los Chapitos colocaron otra lona en la que denunciaban a los supuestos líderes de la banda de atracadores.
Entre los individuos señalados por Guzmán Salazar están Ramón Alberto Báez Ochoa, presunto policía ministerial activo de Sinaloa; Cristian René Roldán López, supuesto elemento de la Fiscalía General de la República (FGR); Eduardo López Gutiérrez, alias ‘El Walo’; y Óscar Pérez Gutiérrez.
Conviene destacar que los apellidos del policía ministerial mencionado son los mismos que los de Aleyda Guadalupe Báez Ochoa, una de las mujeres desaparecidas el 22 de marzo durante el ‘levantón’ masivo de personas en Culiacán.
Ella fue sacada de un domicilio de la colonia CNOP y, desde ese momento, su paradero permanece desconocido.
Versión de Los Chapitos confronta investigaciones del Ejército
La versión difundida en esta serie de mensajes contrasta con la que tiene contemplada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un reciente informe al que tuvo acceso Ríodoce.
Según el documento citado por dicho medio, la privación masiva de la libertad a varias familias, en 12 hechos distintos, habría sido un episodio más de la pugna entre Los Chapitos y Los Guanos, la cual se agravó tras el asesinato de tres presuntos sicarios de los primeros en la sierra de Badiraguato el 21 de marzo.
Tal consideración coincide con la que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina del 25 de marzo. Al referirse a los hechos, se limitó a afirmar que se trata de “una confrontación de bandas”.
Cómo ocurrió el ‘levantón’ masivo en Sinaloa
Los reportes militares a aludidos por Ríodoce incluyen una reconstrucción de cómo ocurrió la privación masiva de la libertad en la capital de Sinaloa y zonas aledañas.
Aparentemente, en todos los casos los ‘levantones’ habrían sido perpetrados por hombres armados que ingresaron por la fuerza a los domicilios de las víctimas y las obligaron a salir.
El primero de esta oleada quedó registrado a las 04:09 horas del viernes 22 de marzo, en la calle Privada del Yaqui dentro del fraccionamiento Villa Bonita. Ahí se llevaron a Kenia Adaly, de 29 años.
Casi cinco horas después, cuatro adultos y dos menores de edad fueron plagiados de su casa en el ejido Plan de Oriente y, con sólo unos minutos de diferencia, otros cinco adultos y un menor de edad fueron privados de su libertad en el fraccionamiento Belcantto.
A las 10:09 horas, varios sicarios se llevaron a diez adultos y cinco menores de la comunidad de La Noria, mientras que una familia de cinco integrantes (tres de ellos menores de edad) fue sacada de su domicilio en la colonia El Palmito.
El Dique Mariquita, en Mocorito, el fraccionamiento Los Ángeles y la colonia CNOP (ambos en Culiacán) fueron otros puntos en los que se perpetraron estos actos.
Para encabezar los operativos de búsqueda de estas familias, la Sedena desplegó a casi dos mil elementos que, en compañía de la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Sinaloa reforzaron la vigilancia.
Hasta la mañana del 24 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que de las 66 personas privadas de su libertad, 58 ya habían regresado a sus domicilios, aunque no especificó las circunstancias en que cada víctima había sido localizada.
Para la misma fecha, la Fiscalía estatal reveló la existencia de nueve carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. A pesar de ello, no existe un pronunciamiento de dicha autoridad sobre el posible móvil de los hechos.