Así es el proyecto minero para extraer oro que el Cártel de Sinaloa se apropió en San Ignacio

El Cártel de Sinaloa, conocido por su amplio dominio y actividades ilícitas a nivel nacional, ha extendido su alcance a la minería ilegal de oro en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, aprovechando un proyecto minero que no contaba con los permisos necesarios, según información revelada por el diario Reforma.

El grupo criminal ha estado extrayendo oro de la zona de El Patole, contraviniendo las normativas ambientales y legales establecidas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó en 2022 el proyecto minero propuesto inicialmente por la empresa Angeles Mine Corp, debido a la falta de consultas con las comunidades locales y preocupaciones ambientales.

A pesar de la negativa de Semarnat, el Cártel de Sinaloa procedió a tomar control del proyecto, iniciando la explotación de oro en un tramo de 2.5 kilómetros en la playa del Patole hacia finales del mismo año, sin ninguna autorización legal.

El área afectada por la minería ilegal abarca extensos campos agrícolas y granjas acuícolas, lo que supone un serio riesgo para el ecosistema local y los medios de vida de las comunidades cercanas.

Por su parte, Reforma reportó que en la región se han cavado al menos 100 pozos de entre uno y cuatro metros de profundidad para filtrar la arena en busca de oro, lo que demuestra la magnitud de la actividad ilegal perpetrada por el cártel.

Los trabajos de extracción realizados por la organización delictiva encabezada por el Cártel de Sinaloa ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra las actividades ilícitas y el daño ambiental.

Esta situación también refleja la capacidad de los grupos criminales para diversificar sus actividades más allá del narcotráfico, al verse involucrado en sectores económicos que requieren de una regulación de las autoridades.

En las inmediaciones de Dimas, un poblado que ha sido prácticamente silenciado por la influencia de grupos criminales, se ha observado un incremento en la presencia de individuos operando maquinaria pesada para excavar y tamizar la arena en busca de oro. Este escenario plantea no sólo un problema medioambiental sino también una grave amenaza para la seguridad y el modo de vida de las comunidades locales.

La ejecución de estas actividades sin el correspondiente control o autorización por parte de las autoridades competentes, subraya el desafío que representa el también conocido Cártel del Pacífico para el estado. Además de las consecuencias ecológicas, el impacto socioeconómico en las áreas afectadas es considerable, alterando tanto la biodiversidad como las actividades económicas tradicionales, incluyendo el turismo y la pesca, que son vitales para la región.

Organizaciones medioambientales y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de acción efectiva para frenar estas prácticas ilegales. La degradación del hábitat natural de especies en peligro de extinción y la amenaza a la seguridad de las comunidades cercanas requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las instancias de Gobierno.

El daño irreparable a los ecosistemas y la biodiversidad derivado de estas actividades ilegales subraya la necesidad de una vigilancia más estricta y de políticas más firmes para proteger los recursos naturales. La comunidad internacional está cada vez más atenta a estos desafíos, y la presión sobre las autoridades para que tomen medidas concretas está aumentando.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales son señalados por sus vínculos con la minería, pues en 2023, la plataforma Connectas y el Noroeste publicaron una investigación, en la que expusieron como las empresas mineras operan con el ‘amparo’ de células delictivas pertenecientes al grupo del Pacífico.