La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón, insistió al juez Brian Cogan que reponga el juicio contra su cliente al considerar que los argumentos de los fiscales sobre el pago a testigos para que dijeran que mintieron, se tienen que desechar.
En un memorándum enviado al juez, la defensa del ex funcionario mexicano enlistó algunas de las supuestas pruebas que presentaron los fiscales para obtener la culpabilidad del ex secretario de seguridad.
“No hay evidencia de que el señor García Luna le ofreció dinero, o protección, o algún otro incentivo para jurar en falso en una declaración jurada”, se lee en el texto que fue dado a conocer por el periodista Arturo Ángel en su cuenta de X.
En tanto, la defensa de García Luna acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de obstruir el acceso a una defensa legal justa en el caso que enfrenta por acusaciones de narcotráfico, culminando en un fallo de culpabilidad. Los abogados, liderados por César De Castro, señalan específicamente acciones como la congelación de propiedades y el impedimento del uso del sistema financiero en México como métodos de obstrucción.
Desde el arresto de García Luna, De Castro argumenta que se creó un entorno adverso hacia el exfuncionario y quienes colaboraron con él, incluida su hermana Gloria García Luna, detenida por cargos relacionados con delincuencia organizada. Esta atmósfera de hostilidad, según la defensa, ha afectado la disponibilidad de testigos clave y afecta directamente la posibilidad de un juicio justo para el acusado. Se cita, por ejemplo, que en varias ocasiones exfuncionarios y políticos dudaron en presentar pruebas o testimonios favorables a García Luna por miedo a represalias.
Además, De Castro menciona que el nombre de su cliente ha sido expuesto repetidamente en las conferencias matutinas del presidente mexicano, superando las 850 menciones, lo que según el abogado, contribuye a un ambiente cargado de prejuicios en su contra. Este argumento se suma a los cuestionamientos sobre la integridad de ciertos testimonios y la falta de investigación profunda por parte de la Fiscalía estadounidense en alegatos claves que podrían beneficiar a la defensa.
La defensa de García Luna sostiene que la Fiscalía de Estados Unidos ha desviado el enfoque hacia acusaciones superficiales, ignorando las irregularidades en el procedimiento, tales como evidencias no reveladas y testimonios dudosos, que podrían invalidar los argumentos en su contra. Entre las acusaciones específicas que cuestionan, se incluyen las actividades criminales de testigos clave después de su cooperación con la justicia y falsedades testimoniales que no han sido debidamente investigadas.
Este listado de argumentos de la defensa de García Luna para la reposición del juicio surge tras solicitar un aplazamiento para responder a una nueva acusación hecha por fiscales de Estados Unidos. Esta nueva alegación involucra supuestos sobornos a reclusos en Nueva York a cambio de testimonios favorables.
Los abogados del exfuncionario había solicitado hasta el 20 de marzo para preparar una contestación integral. Entre los señalamientos, se indica que García Luna habría ofrecido hasta dos millones de dólares a un preso del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn para que declarase a su favor.
La solicitud de prórroga se produjo en un contexto donde la defensa de García Luna enfrenta cargos adicionales, además de intentar refutar la culpabilidad determinada por un jurado en febrero de 2023.
De Castro busca confrontar particularmente las evidencias recientemente presentadas, que incluyen acusaciones de ofrecer sobornos substanciales para influenciar el resultado del juicio.
La controversia se ha intensificado luego de intentos previos por parte de la defensa de cuestionar la fiabilidad de testimonios claves, citando supuestas inconsistencias en las declaraciones de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de Coahuila, como parte de su estrategia de defensa.
Entre los puntos destacados por la defensa, se mencionan discrepancias en fechas y eventos en que Villarreal Hernández afirmó participación, como reuniones con García Luna y visitas a instalaciones policiales aún no completadas. Adicionalmente, se señala que Villarreal, quien ya había colaborado con autoridades estadounidenses en años previos, enfrentaba investigaciones por lavado de dinero en México, planteando dudas sobre su credibilidad.
A pesar de estos argumentos, los fiscales mantienen su postura, negándose a una repetición del juicio y sosteniendo que las evidencias restantes avalan el veredicto inicial.