¿Qué pasa si tomo una foto de mi boleta electoral para difundirla?

En México, se aproximan las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024. En comicios anteriores, fue usual la publicación de fotografías de boletas electorales marcadas en redes sociales por parte de los votantes luego de ejercer su derecho al sufragio. Esta acción en realidad podría tener sanciones, de acuerdo con Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también ha vigilado la práctica de solicitar evidencia del voto de otra persona porque infringe el principio de voto secreto. La Fepade cuenta con el número 800 133 72 33 como un canal directo en el que los ciudadanos pueden informar sobre cualquier irregularidad observada antes, durante o después de las votaciones, para garantizar un proceso electoral libre de delitos.

Si una persona solicita a otra una evidencia del voto libre y secreto, podría resultar en sanciones importantes. La Ley General en Materia de Delitos Electorales estipula penas de prisión de seis meses a tres años y multas de 50 a 100 días. Este delito tiene repercusiones legales para los votantes, también es aplicable a funcionarios, miembros de partidos políticos y servidores públicos, con distintas condenas en la cárcel.

El artículo 7 fracción VIII contempla este tipo de sanciones para las personas en general. Sin embargo, existe un apartado especial para quienes soliciten evidencias de este tipo en los próximos comicios. Los principales sujetos de esta regulación son los servidores públicos.

Las sanciones son específicas para un servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para influir en su decisión de voto y solicite evidencia. La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el artículo 11, estipula que se impondrán penas de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que incurra en este tipo de conductas.

Esta sanción refleja la gravedad con la que el sistema jurídico trata los intentos de manipulación o presión dentro del ámbito electoral, especialmente cuando se ejerce desde una posición de autoridad gubernamental. La penalización no sólo comprende una sanción económica significativa, reflejada en los días de multa, sino que también contempla una posible pena de prisión de considerable duración. Estas medidas buscan asegurar la protección de la libertad y los derechos electorales de los ciudadanos, así como promover un entorno de equidad durante los procesos electorales.