La noche del 6 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello dio a conocer un ataque perpetrado por 150 hombres armados en la comunidad nahua de San Jerónimo Palantla, en el municipio de Chilapa, Guerrero, que dejó un saldo de un muerto y dos personas heridas.
Las agresiones ocurrieron alrededor del mediodía y, después de detonar las armas e incendiar una casa, los aparentes responsables se mantuvieron vigilando la zona.
De acuerdo con la narración de una pobladora de San Jerónimo, a la cual Infobae México tuvo acceso, el motivo de este ataque se habría derivado de un desacuerdo en la cobertura de gastos correspondientes a la comunidad.
El padre Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello, explicó a este medio que el conflicto en la zona tiene varios años de existencia y estaría protagonizado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Alcozacán y la comunidad de San Jerónimo Palantla.
Presumiblemente, ambos bandos habían llegado a un acuerdo de paz en 2015, pero la CRAC y las comunidades divididas de San Jerónimo lo incumplieron.
La habitante del lugar, cuya identidad se mantiene bajo resguardo, señaló que la agresión ocurrió como consecuencia de que el comisario de San Jerónimo Palantla les exigiera a los pobladores de Xochiatenco y Nuevo Amanecer que cooperaran con los gastos del pueblo.
“No quieren colaborar con gastos de pueblo, con las costumbres que ellos tienen. Usan el servicio público, usan la carretera, pasan a dormir ahí de noche y los comisarios les dicen que deben de cooperar con el pueblo. Como esto le molestó a estas dos pequeñas comunidades, convocaron a todas las comunidades que fueron a agredirlos porque no están de acuerdo que les estén diciendo que deben de cooperar”, expuso la mujer.
Después de la ofensiva del 6 de marzo, a la comunidad llegaron el secretario general de Gobierno, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el presidente municipal y la Policía Municipal con la intención de coordinar una serie de diálogos para pacificar el área.
Inicialmente, los locales se mostraron renuentes a dicha posibilidad, ya que el pacto logrado en 2015 no había sido respetado. Sin embargo, acorde con los testimonios, posteriormente se mostraron abiertos a dicha opción a cambio de que detengan “a las personas que ya están en las carpetas de investigación [por actos previos] y a las personas que vinieron a agredir a San Jerónimo”.