Corrupción y abuso de poder en el Puerto de Veracruz: manobristas piden justicia a 30 años de perderlo todo

Las décadas de los ochenta y noventa en México significaron un cambio en el Estado, debido a que se abandonaron políticas sociales para implementar el modelo neoliberalista en donde se privatizaron empresas y se dio paso al sector privado en asuntos en donde antes no tenían acceso.

Este tipo de políticas aumentaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari -1988 a 1994- y hasta la fecha no han frenado, pese a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha impulsado un agenda para restablecer la soberanía del Estado y dar justicia a aquellos que resultaron ser afectados por estas políticas como, por ejemplo, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante los cambios en las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los noventa ocurrió un hecho que modificó la funcionalidad del Puerto de Veracruz, uno de los sitios más importantes y relevantes para el país, situación que hasta la fecha no ha tenido solución y han pasado más de tres décadas.

Es por eso que Infobae México charló Alejandro Pulido, líder del sindicato Manobrista de Veracruz, quien acusa la desintegración ilegal de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz S.A. de C.V. durante la administración salinista y señala la falta de actuación de las administraciones federales para devolver el patrimonio a los trabajadores afectados.

De acuerdo a lo que narró el sindicalista, la lucha por sus derechos laborales inició en 1991 cuando se realizó una “controvertida requisa ilegal” realizada por el gobierno federal y con el supuesto aval del entonces gobernador de la entidad, Dante Delgado Rannauro, que quitó posesión de la empresa a los trabajadores para volver el negocio en una fuente de explotación para el capital extranjero.

Conviene recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que las requisas sólo son válidas cuando el país se encuentre en guerra o haya un quebranto a la soberanía; sin embargo, el representante de los extrabajadores destacó que esto no pasaba en la nación cuando se tomó una decisión que dejó sin empleo a miles de colaboradores.

Aunado a lo anterior, Pulido reclama que durante la apropiación de la empresa, la entonces administración federal no cumplió con la liquidación del 50% para todos los trabajadores, además de que no tuvieron algún pago por la maquinaria e infraestructura -se trataría de más de mil equipos, así como ocho edificios-, misma que presuntamente fue comprada por todos los integrantes de la planta laboral.

La mayor preocupación para los trabajadores es que, tras más de 30 años, la disputa legal sigue y muchos han muerto o se han suicidado debido a la falta de acceso económico que han enfrentado, puesto que para pelear por su patrimonio no podían tener otro empleo u otra forma de obtener lo necesario para la vida cotidiana.

Pese a esto, todo el sindicato exige respuestas y acciones, de forma “agotada y desesperada”, a meses de que concluya la administración de la Cuarta Transformación, ya que reconocen que el mandatario mexicano sí ha atendido sus quejas, incluso ha pedido en siete ocasiones que se resuelva el asunto durante las conferencias mañaneras; sin embargo, el problema persiste.

Asimismo, reconocieron la voluntad de la actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, para intentar resolver la situación, pero dejaron en claro que no han tenido mayor respuesta y quisieran que su caso sea igual de importante que otros donde se han violado los derechos laborales y que ya tuvieron solución gracias a la intervención del Ejecutivo Federal.

“El sindicato de maniobristas, agotado y desesperado, exige respuestas y acciones concretas. ¿Hasta cuándo prevalecerá la impunidad en el puerto de Veracruz?”, concluyó.