En medio de una oleada de violencia contra la población civil, Los Tlacos y Los Ardillos —dos de los grupos criminales con presencia en el estado de Guerrero— pactaron una tregua para cesar la violencia en Chilpancingo.
Después del asesinato de siete conductores de transporte público, dos personas heridas y 10 unidades vehiculares destruidas, Onésimo Marquina Chapa, líder de Los Tlacos, buscó a Celso Ortega Jiménez, cabecilla de Los Ardillos, para frenar las agresiones.
El pacto se concretó durante una sola llamada telefónica, sin testigos ni intervención de las fuerzas de seguridad. La única persona ajena al conflicto que participó en el proceso fue el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, quien facilitó el diálogo entre ambos jefes criminales.
Según las declaraciones del padre compartidas en una entrevista con Carlos Loret de Mola, el dirigente de Los Tlacos le pidió que “buscara a los del otro grupo para platicar”. Este primer acercamiento habría ocurrido en noviembre de 2023. La organización de Ortega Jiménez aceptó, pero la tregua “se tardó en concretar”.
Aparentemente, la decisión de frenar las hostilidades fue iniciativa de los propios grupos criminales debido a que sus negocios estaban siendo perjudicados.
“Se estaban afectando en sus negocios legales y estos días ellos mismos se afectaron. Parte de sus negocios legales son el transporte, la venta de carnes, de bebidas”, explicó el padre Filiberto en otra entrevista.
Aunque su participación en este trato se restringe al primer contacto de noviembre de 2023, el sacerdote supo gracias a “gente cercana a las dos partes” que el acuerdo se definió el 13 de febrero de 2024 alrededor de las nueve de la mañana.
Como parte de las consideraciones que Velázquez ha ofrecido a la prensa, mencionó su anhelo de que esta negociación sirva como ejemplo a otros grupos delictivos que tienen al estado bajo asedio, como la Familia Michoacana.
Obispos piden acuerdo de paz con el narco
En este contexto, cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco emitieron un comunicado en el que solicitaron a los grupos criminales “que cesen en sus abusos en contra de las personas, de las familias, de los pueblos y ciudades”.
“Nadie tiene derecho a matar, abusar sexualmente, robar, mentir, esclavizar; mucho menos a convertirlo en un negocio o en un medio de intimidación”, señalaron los religiosos en un llamado al crimen organizado por frenar el asedio contra la población.
Por otro lado, en el mismo escrito se incluyó un llamado a las autoridades estatales para que “superen cualquier actitud de indiferencia” y pongan en marcha las acciones necesarias para restablecer la paz en Guerrero.
“El descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden”, advirtieron los monseñores Leopoldo González, José de Jesús González, Joel Ocampo y Dagoberto Sosa.