Qué cárteles de la droga operan en Tepoztlán, lugar donde el caos y violencia se apoderó del carnaval

Por segundo año consecutivo, el Carnaval de Tepoztlán casi fue suspendido a causa de múltiples factores, entre los que se destacan la sobresaturación de visitantes en el municipio, la venta descontrolada de bebidas alcohólicas y episodios de violencia, incluyendo una batalla campal en las calles de este Pueblo Mágico.

A esto se suma la difusión de un video en el que un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, amenaza con un arma de fuego a una mujer y un grupo de niñas y mujeres.

Esta serie de eventos se dio en el marco de una festividad que intentaba recuperarse luego de su cancelación el año anterior, debido también a la masiva afluencia de turistas y a la violencia vinculada al consumo de alcohol.

A pesar de los esfuerzos del alcalde David Demesa, emanado del Partido del Trabajo (PT), quien aseguró que se incrementaría la seguridad, el municipio no logró contener la situación.

El domingo 11 de febrero al mediodía, el ayuntamiento tuvo que solicitar a través de redes sociales a los turistas que no acudieran al pueblo, evidenciando la incapacidad para gestionar el exceso de visitantes y garantizar la seguridad.

Adicionalmente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco había anunciado, en la víspera del carnaval, un operativo especial de seguridad para el evento durante la Mesa de Construcción de Paz.

A pesar de ello, los incidentes violentos no pudieron ser evitados, lo que incluyó enfrentamientos que forzaron la intervención policial. En uno de los casos documentados en video, un hombre intenta agredir a un grupo de mujeres con un arma de fuego y posteriormente trata de ingresar a la fuerza a un vehículo frente a elementos de la policía municipal, quienes, pese a los reclamos de las personas presentes, no logran detenerlo.

En paralelo, se reportan peleas en la zona de venta de cervezas, donde jóvenes alteraron el orden público.

La comparsa de Chinelos, emblema del carnaval con su tradicional “brinco”, optó por cancelar su participación desde el sábado, dada la imposibilidad de realizar su danza en el zócalo por la excesiva presencia de personas. Este ambiente de tensión y descontrol ha sido una constante que ha obligado a la suspensión de las actividades festivas planeadas.

Pese a que en un principio se había anunciado la suspensión del carnaval por parte de algunos medios de comunicación, Milenio Televisión informó que las actividades se efectuaban de la mejor manera este 13 de febrero, al tiempo que reportó un reforzamiento de elementos de seguridad.

De acuerdo con la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quien revisó documentos extraídos por el grupo de hacktivistas Guacamaya en el 2022, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Tepoztlán opera Guerreros Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tiempo que señalan una profunda infiltración del crimen organizado en Morelos, bajo la gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En estos informes, fechados en febrero de 2019, se destaca la relación de altos funcionarios estatales, empresarios y miembros del Poder Judicial con grupos delictivos, evidenciando un alcance significativo del control delictivo en la entidad.

Los documentos revelan que Samuel Sotelo Salgado, Secretario de Gobierno de Morelos, y exconsejero jurídico del estado, está vinculado con bandas criminales como Los Rojos y Gente Nueva.

Se menciona que es propietario de un inmueble relacionado con la detención de un líder de Los Viagra, demostrando la complejidad de las redes de corrupción. Por otra parte, exfuncionarios como José Manuel Sanz Rivera y José de Jesús Guízar Nájera también son señalados por sus lazos con estos colectivos y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación destaca que cuatro diputados locales del PRI, el Secretario de Desarrollo Social, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, tienen vínculos con Los Rojos/Gente Nueva.

Además, se documenta la implicación de un senador con diversos grupos criminales. En el ámbito judicial, al menos doce jueces son acusados de liberar a criminales por “hipergarantismo y/o corrupción”, incluyendo a 46 secuestradores, demostrando fallas significativas en el sistema de justicia del estado.

El análisis abarca también la conexión de 17 alcaldes, cuyas administraciones culminaron en 2021, con el crimen organizado, subdividiéndolos en las zonas oriente y sur del estado según su afiliación con Guerreros Unidos y Los Rojos respectivamente. Este patrón de corrupción y colusión no solo abarca a políticos y jueces, sino que se extiende a empresarios que están involucrados en estas redes delictivas.