Masacre de San Fernando: este fue el error que la PGR cometió al entregar los cuerpos de las víctimas

A poco más de 13 años de la masacre de San Fernando, en la que el cártel de Los Zetas secuestró y asesinó a 72 migrantes, las autoridades le negaron el acceso a la verdad a una familiar de las víctimas.

Como resultado del crimen perpetrado en Tamaulipas, la señora Ángela Lacán Bercian perdió a cinco seres queridos: Efraín Pineda Morales (esposo), Richard y Nancy Maricela Lacán (hijos), Mayra Cifuentes Pineda y Luis Humberto Álvarez Pineda (sobrinos).

En 2010, luego de que las autoridades ubicaron los cadáveres en una bodega de San Fernando, Ángela recibió cinco ataúdes cerrados. Aunque ella no pudo confirmarlo, el personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) le aseguró que los cuerpos de aquellos féretros eran sus familiares, por lo que los sepultó en su comunidad, en el departamento de Escuintla.

No obstante, según documentos consultados por AP, a Lacán le surgieron múltiples dudas en marzo de 2023, cuando recibió de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) un informe en el que los peritos reconocieron que no había sido confirmar “la plena identificación y entrega correcta de los cuerpos de las víctimas”.

La justificación que la Fiscalía ofreció para tal equivocación fue que hubo una “deficiente documentación de los procesos de identificación y entrega” de los cadáveres.

Ante tal escenario, Lacán acudió a la Fiscalía de Guatemala para solicitar que le permitieran la exhumación de los cuerpos con la intención de constatar si, en efecto, corresponden a sus familiares.

Dicha instancia negó la solicitud de Ángela. Ella, posteriormente, turnó la petición a un juez, pero este también la rechazó debido a que estaba imposibilitado de intervenir en una investigación realizada por otro país.

En un último intento por tratar de obtener certezas respecto a los cuerpos que le fueron entregados, Ángela acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) de su país para que anulara la resolución del juez.

Sin embargo, el máximo tribunal también desestimó la solicitud y, con ello, negó totalmente la posibilidad de verificar la identidad de los cadáveres que, sin evidencias sólidas, entregó la PGR en 2010.

Los fallos de la Corte son inapelables y, según el dictamen del 31 de enero de 2024 al que tuvo acceso AP, las autoridades consideraron que los derechos de Ángela no habían sido vulnerados.