Participación del narco podría ser motivo para anular elecciones: TEPJF

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconocieron que existe la posibilidad y las facultades legales para anular un proceso electoral si se confirma la participación del crimen organizado y se reúnen las pruebas suficientes para determinar que tuvo injerencia en el resultado de los comicios.

En conferencia de prensa, la presidente del TEPJF, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes resaltaron que el tema de la violencia y la posible participación del narco en los procesos electorales no pueden ser ignorados por las autoridades federales.

Aunque existen las herramientas legales para hacer frente a esta posibilidad, el magistrado Felipe de la Mata precisó que llegar a una eventual anulación de las elecciones por la injerencia del narco representaría “un fracaso” de los órganos electorales.

La magistrada presidenta Mónica Soto recordó el caso de las pasadas elecciones para elegir al gobernador de Michoacán en 2021, dónde se registraron actos violentos en cuatro municipios del estado a manos del crimen organizado para favorecer -según la denuncia de la oposición- al aspirante de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

Mónica Soto recordó que se declararon nulas algunas casillas ante las denuncias de hombres armados que amedrentaron a los votantes y realizaron bloqueos en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho; sin embargo, no se llegó a concretar que dichos actos tuvieran efectos en el resultado general.

Uno de los escándalos más sonados en las elecciones de 2021 fue la presunta intervención de la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Los Chapitos en la victoria de Ruben Rocha Moya y el ascenso de Morena a la gubernatura del estado.

En el libro de Anabel Hernández, “Las señoras del narco, amar en el infierno”, la periodista tuvo acceso a varios testimonios que señalaron una “campaña” orquestada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar para impulsar la candidatura del abanderado de Morena: pago a cantantes gruperos, jornadas violentas para intimidar a opositores y simpatizantes ajenos a la 4T, incidentes en las casillas durante las votaciones y destrucción de documentos electorales.

Durante el proceso electoral se confirmó el secuestro de Guadalupe Iribe Gascón, candidata de la alianza PRI, PAN y PRD a la Presidencia Municipal de Badiraguato para “obligarla” a desistir de sus intereses políticos. Al final se bajó de la contienda dejando libre el camino para el morenista José Paz López Elenes.

El magistrado del TEPJF, Felipe Fuentes, recalcó que las atribuciones del Tribunal no interferirán en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y las acciones que se tomen para garantizar procesos electorales libres de violencia.

Agregó que la Constitución es precisa al señalar las acciones a tomar en caso de identificarse una violencia generalizada que influya en el resultado de los comicios:

Al final, los magistrados recalcaron que el TEPJF estará atento a las anomalías y denuncias que se puedan presentar en un futuro, pero agregaron que adelantarse a hipotéticos casos sería “prejuzgar” un asunto que podría ser resuelto por el INE; en casos concretos -dijo la presidenta del TEPJF- nuestro deber es “garantizar que se resuelva cualquier situación anómala que pueda reflejarse en una elección”.