Operadores del Cártel de Sinaloa habrían contribuido con dos millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, de acuerdo con una investigación publicada este martes por ProPublica.
Este hallazgo emergió de una investigación de la DEA, indicando que importantes narcotraficantes habrían dirigido esta suma hacia la campaña del político, de origen tabasqueño en su primer intento por llegar a la presidencia.
El informe, basado en entrevistas con oficiales de Estados Unidos y México, así como en documentos oficiales, sugiere que el dinero fue entregado a operadores de la campaña en 2006, buscando a cambio un trato favorable para sus operaciones ilegales por parte de la administración de López Obrador, en caso de ganar las elecciones.
Se menciona que pruebas surgidas de la colaboración de un exagente de campaña y un informante sobre drogas indican que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador aceptó el trato, aunque no se menciona si AMLO sabía de este trato o siquiera si estaba al tanto de lo que sus colaboradores estaban haciendo.
Según el medio antes citado, los agentes de la DEA consideraron que tenían una fuente interna extraordinaria después de arrestar a Roberto López Nájera, un abogado que habría representado a “La Barbie”, y que fue testigo protegido bajo la identidad de “Jennifer”.
Para evitar la prisión federal, el detenido proporcionó un relato detallado de las donaciones en efectivo de los narcotraficantes, que dijo haber ayudado a entregar. También grabó conversaciones de forma encubierta con Nicolás Mollinedo Bastar, un cercano colaborador de López Obrador, quien, según el operativo, participó en el esquema.
De acuerdo con la investigación de ProPublica, entre los personajes que participaron en la negociación estuvieron Nicolás Molinero y otros colaboradores de AMLO que participaron en las negociaciones; Mauricio Soto Caballero, empresario y operador político señalado por recibir y distribuir el dinero del narcotráfico para la campaña; Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, expolicía estatal y uno de los lugartenientes de “La Barbie”.
Otro de los personajes clave que se mencionan es Francisco León García, conocido como Pancho León, hijo de un empresario minero quien en ese momento lanzaba su propia candidatura al Senado mexicano como representante de la alianza izquierdista. León se menciona en la investigación como una de las figuras que organizó una reunión en enero de 2006 con narcotraficantes en un hotel en el centro turístico de Nuevo Vallarta, en la costa del Pacífico.
El acuerdo negociado incluía la posibilidad de que los traficantes influyeran en la elección de comandantes de policía en localidades clave y aseguraban que el presidente no nombraría a un fiscal general adverso a ellos.
“Jennifer”
Roberto López Nájera, conocido por su clave “Jennifer”, ha sido considerado como una figura central en varias operaciones encubiertas y controversiales durante los últimos años.
Originalmente abogado en Guerrero, su carrera tomó un giro dramático en 2004 cuando empezó a colaborar con Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, actuando como enlace para sobornar a funcionarios y militares a favor del Cártel de los Beltrán Leyva. Sin embargo, su papel cambió radicalmente en 2007 cuando se convirtió en informante para la DEA y testigo protegido en Estados Unidos, revelando conexiones internas entre el crimen organizado y autoridades mexicanas.
López Nájera no solo colaboró con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), sino que también trabajó como testigo colaborador para la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Durante su colaboración, jugó un papel crucial en la Operación Limpieza en el gobierno de Felipe Calderón y contribuyó en la construcción de casos contra varios altos mandos militares y funcionarios. Su testimonio resultó en la detención de figuras prominentes como el excomisionado de la Policía Federal Javier Herrera Valles, el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, y el general Tomás Ángeles Dauahare, quienes posteriormente fueron exonerados tras demostrarse la inexactitud de las acusaciones.
A pesar de las implicaciones de sus testimonios en el sistema judicial mexicano, López Nájera ha disfrutado de un notable grado de protección e inmunidad gracias a su papel como informante de ambas agencias, la PGR y la DEA.