Luego de que en redes sociales se hiciera tendencia la reaparición del ex presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León en el foro Actinver Day y el actual Presidente Consitucional de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador lanzará cuatro preguntas al ex mandatario,diferentes sectores de la sociedad recordaron las hazañas de Zedillo y entre los temas más destacados está la reforma en materia de ferrocarriles y la privatización de los mismos, es por ello que rememoramos las aristas principales de esta situación, por la que nuevamente ha vuelto a estar en tendencia el nombre del ex presidente de México.
La reforma constitucional en materia de ferrocarriles de 1995, promovida por el entonces presidente Ernesto Zedillo, representó un cambio estructural en la gestión de ferrovías mexicanas. La iniciativa argumentó la necesidad de la privatización con el fin de modernizar el sistema ferroviario, que según Zedillo, enfrentaba limitaciones financieras y requería de la participación del sector privado para su desarrollo y eficiencia.
La privatización de los ferrocarriles mexicanos supuso una transformación profunda en la gestión de este medio de transporte. El Gobierno federal sustentó este proceso en la apremiante necesidad de inversión privada para actualizar la red ferroviaria y mejorar su desempeño. La escasez de recursos públicos, la necesidad de fomentar la creatividad y energía de los particulares en el desarrollo económico y la convicción de que la propiedad estatal no garantizaba una mejor dirección del sector, fueron las razones clave expuestas por el ejecutivo.
A medida que las concesiones ferroviarias eran otorgadas, principalmente a empresarios nacionales y extranjeros, se planteaba un supuesto beneficio generalizado, que incluiría las finanzas públicas y los usuarios del servicio. Sin embargo, el discurso oficial no detallaba los costos de la privatización, ni presentaba estadísticas que pudieran corroborar los beneficios anunciados.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) defendía la reforma constitucional argumentando la necesidad de modernizar y eficientar el transporte para incrementar la competitividad de la economía mexicana.
La situación actual de los ferrocarriles en México y la verdadera repercusión de la privatización siguen siendo un tema de análisis, donde los resultados y beneficios tangibles para la sociedad continúan siendo un asunto de debate.
En colaboración con Kansas City Southern Industries, la Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), obtuvo el derecho para operar una de las principales vías ferroviarias de México, marcando un hito en el proceso de privatización del sistema ferroviario del país.
En diciembre de 1996, la oferta presentada por TFM ascendió a 11 mil 71 millones 900 mil pesos, superando las propuestas de otros cuatro contendientes, lo cual garantiza su gestión en este segmento esencial del transporte ferroviario.
Este evento es parte de un esfuerzo gubernamental por renovar y optimizar la red de transporte por tren en México. Tras la promulgación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en 1995 y la reestructuración del Ferrocarril Nacional de México (FNM), el objetivo es atraer inversión, tecnología y elevar el estándar del servicio.
Aunque la infraestructura continúa bajo custodia estatal, estas políticas permiten la incursión privada en la operación, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales de los trabajadores del sector.
El contraste se hace patente con la reciente adjudicación fallida del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico a Grupo México en octubre de 1996 debido a una oferta económica que no cumplió las expectativas. Mientras tanto, el triunfo de TFM con la concesión del Ferrocarril del Noreste pone de relieve la firme intención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de proseguir con la privatización ferroviaria.
Firmas como ICA, Grupo Olmeca, Grupo Acerero del Norte y Grupo México han mostrado interés en futuras licitaciones, adelantando que el sector podría presenciar más cambios en el futuro cercano.
La SCT garantiza que la infraestructura sea devuelta en condiciones óptimas tras la conclusión de las concesiones. Y en un contexto donde la competencia en el sector no es efectiva, la Comisión Federal de Competencia tiene la potestad de intervenir en la fijación de tarifas. La SCT ya ha anunciado que para 1997 se dará seguimiento al proceso de privatización, incluyendo las importantes líneas del Pacífico Norte y del Sureste.
Estas acciones se espera que supongan una revolución en el transporte ferroviario dentro del país.
Empresas como Ferromex, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Tribasa y Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada a Kansas City Southern Industries, recibieron concesiones de 20 a 50 años. Dichas concesiones abarcaban el 84% de la red y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de los años 90, extendiéndose sobre 22,130 kilómetros de infraestructura.
La privatización fue la respuesta del gobierno a la crítica situación que enfrentaba el sector, marcada por el deterioro del 81% de las vías ferroviarias. Llegado agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México cesó en la operación y mantenimiento de la red. La repercusión de estos cambios sobre el sistema de transporte ha sido notable desde entonces.
En la actualidad, el control de las vías se concentra principalmente en manos de Ferromex y Ferrosur, ambas pertenecientes a Grupo México, así como en Kansas City Southern de México, que juntas dominan el 93.6% de la red, como reporta la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Desde la concesión, el paisaje del transporte ferroviario en México ha evolucionado, encontrándose ahora con distintos retos y oportunidades. Los efectos de la privatización continúan siendo un tema de interés y análisis para el sector y la economía del país, teniendo implicaciones tanto en la eficiencia del transporte de mercancías como en la conectividad regional.
Es imperante señalar que las políticas de privatización han suscitado tanto apoyo como crítica, y su impacto sigue siendo objeto de estudios y estadísticas que buscan evaluar los beneficios y desafíos a lo largo de los años. La participación de grandes corporativos en la administración de una infraestructura vital como la ferroviaria, sin duda, plantea un debate sobre el rol del sector privado en la provisión de servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura nacional.