Luego de que una jueza determinara libertad provisional para ocho militares implicados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que dichas liberaciones representan una “evidente situación de injusticia.
La institución rechazó tanto la determinación de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo como de los magistrados a quienes se acusó de desconocer las resoluciones previas de jueces que habían dictado la prisión preventiva para los elementos de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado la institución aseguró que presentará los recursos necesarios para que se garantice la seguridad y protección las víctimas, de igual manera, señaló que los procedimientos han generado una “evidente situación de injusticia” que incluso pondría en riesgo la seguridad nacional, lo anterior debido a la gravedad de los delitos de desaparición forzada.
FGR planea denunciar a la jueza
Lo anterior fue informado por la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero durante la tarde del 21 de enero. Cabe recordar que los uniformados a los que se lees concedió la libertad condicional fueron detenidos el junio del 2023, quienes fueron acusados de delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, razón por la cual fueron ingresados al Campo Militar 1-A en su momento.
Cuando fueron liberados algunos reportes, como los del periodista Ciro Gómez Leyva, señaló que la FGR no habría aportado las pruebas necesarias para mantener a los ocho sujetos detenidos. Sin embargo, la institución señala la presunta responsabilidad de jueces y magistrados.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puso a disposición de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa el acceso a documentos militares, sin embargo, dichas personas buscan alrededor de 800 folios militares de los que las autoridades niegan su existencia.
Los familiares de los estudiantes realizaron una conferencia el pasado 11 de enero en la que detallaron la razón por la que un conjunto de padres y madres abandonaron una mesa de dialogo con las autoridades federales.
Uno de los padres expresó que todavía falta mucha investigación. Sobre el papel que jugaron no únicamente miembros del Ejército, sino también autoridades locales se tuene registro en la narrativa de los hechos publicada en septiembre del año pasado por el Gobierno de México.
De acuerdo con los documentos, cuando ocurrió la desaparición forzada por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, dicha estructura delictiva mantenía cooptadas a varias autoridades de seguridad y encargadas de combatir al narcotráfico, además la organización criminal estaba infiltrada en las mismas, lo que facilitó la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Por su parte, una investigación realizada por la periodista Laura Sánchez Ley y publicada en Milenio, informó que un sujeto apodado El Transformer fue dejado en libertad en Estados Unidos tras pagar una fianza.
Se trata de Pablo Vega Cuevas, quien según registro judiciales estadounidenses, sería un hombre presuntamnete encargado de dirigir una célula del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual desde el año 2012 Guerreros Unidos operaba en los municipios de Cocula, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco, Teloloapan y Ciudad Altamirano.
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