Jorge Cuéllar Montoya, responsable de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, ha confirmado el secuestro de 31 migrantes que viajaban en un autobús de Grupo Senda el pasado 30 de diciembre, lo que hace recordar lo sucedido en una temporada de masacres en San Fernando entre el 2010 y 2011.
Este secuestro, reportado a las 19:26 horas, tuvo lugar en la carretera de Reynosa a Matamoros. El autobús, de la ruta Monterrey-Matamoros, fue interceptado por personas armadas que sustrajeron a los pasajeros, ahora desaparecidos.
Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha iniciado las investigaciones sobre este secuestro. La confirmación del evento ocurrió después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comentara en su conferencia matutina del 2 de enero que se reportó el hecho y se estaba realizando la investigación.
Cabe mencionar que, a pesar de que el presidente habló de entre 30 y 31 personas secuestradas, la confirmación exacta de 31 proviene de la vocería.
La unidad, identificada con el número 9570, y con una capacidad para 36 personas, fue asistida por personal militar, Guardia Nacional y Guardia Estatal tras el suceso, según la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro informó que entre los secuestrados hay cuatro ciudadanos colombianos. A través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, declaró que la embajada colombiana en México está coordinando con las autoridades mexicanas para lograr el rescate de los mismos.
Este secuestro múltiple pone de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los migrantes al atravesar México en su ruta hacia los Estados Unidos.
La privación de la libertad de estas personas migrantes recuerda la terrible temporada de masacres ocurrida en el municipio de San Fernando.
En agosto del 2010, al menos 72 migrantes, 14 de ellos mujeres, fueron ejecutados en una bodega luego de ser secuestrados cuando intentaban llegar a la frontera de México y Estados Unidos, los cuales llevaban ocho meses sin ser localizados por sus familiares.
Los cuerpos de estas personas fueron encontrados maniatados, con los ojos vendados y con un tiro en la cabeza. El gobierno de Felipe Calderón atribuyó esa masacre al Cártel de Los Zetas, que era comandado por Heriberto Lazcano Lazcano, mejor conocido como ‘El Lazca’.
Meses después, en abril de 2011, en ese mismo municipio fueron encontrados decenas de fosas clandestinas donde según información oficial, había 193 personas. La mayoría de estas víctimas, donde había mexicanos y migrantes centroamericanos, fueron bajados de autobuses de pasajeros que iban a la frontera de Estados Unidos.
La entidad de Tamaulipas era controlada por el Cártel del Golfo, que a su vez tenía su brazo armado conocido como Los Zetas, estructura criminal formada por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE).
El líder del Cártel del Golfo era Osiel Cárdenas Guillén, quien fue capturado en 2003 y extraditado a los Estados Unidos a petición del gobierno de ese país en 2009.
De acuerdo con el libro “San Fernando: la Última parada”, el gobierno estadounidense ofreció a Cárdenas Guillén un acuerdo que consistía en entregar el dinero de su actividad ilícita y dar información sobre sus actividades a cambio de beneficios en su condena.
“El pacto que aceptó Cárdenas Guillén derivó en una guerra a muerte con Los Zetas, tras saberse traicionados”, escribió Marcela Turati en el libro.
La autora del libro explica que ese conflicto entre dos grupos provocó “una de las guerras fratricidas de peor memoria en la historia reciente de México, que pagaron miles de personas completamente ajenas a la industria de las drogas”.