¿El Ejército Mexicano vendió armas a narcotraficantes y otros criminales? Esto es lo que pasó

El Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México, además de ser una de las bases castrenses más reconocidas del país, se convirtió en un centro de distribución de armas para grupos criminales.

Así lo revelaron documentos de inteligencia extraídos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según los archivos hackeados por el grupo Guacamaya, la institución identificó que el 31 de mayo de 2019 un soldado le ofreció a un cártel establecido en Tejupilco, Estado de México, 70 granadas de fragmentación con un costo unitario de 26 mil pesos.

“La célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, refiere el informe castrense.

Luego de analizar los datos del teléfono utilizado por el militar para entablar negocios con el grupo delictivo, la Sedena encontró que su base de operaciones estaba en Villa de Almoloya de Juárez, cerca del Octavo Regimiento Mecanizado de la institución.

Sumado a ello, la investigación arrojó que el proveedor de armas y equipo táctico era otro militar, designado en el Campo Militar No. 1 de la capital, identificado en las conversaciones con la célula delictiva como “Antiguo”.

Este miembro del Ejército, según lo publicado por MCCI, era escolta de un coronel a quienes los criminales se referían como “Nuevo Comandante”.

En una de las llamadas que este sujeto tuvo con su enlace de la organización delictiva le informó que su jefe —el coronel— era originario de Tepalcatepec, Michoacán y que “gusta de dinero, bebida y le entra a todo”.

A través de una intervención en las comunicaciones se tuvo conocimiento de que un jefe criminal le pidió al castrense “dos millares de municiones para fusil AK-47, cinco millares para R-15 y 50 cargadores de cada tipo de rifle”.

Si bien los archivos citados por la organización no especifican el lugar y fecha en que la transacción se realizó, o si efectivamente se llevó a cabo, sí detallan que el militar se ofreció a llevar su cooperación con el cártel a otros niveles.

Le propuso al jefe delictivo, por ejemplo, la opción de entregarle la ubicación del fiscal regional de Amecameca, ya que supuestamente se había orquestado un plan para asesinarlo.

Al momento en que se realizaron dichos reportes de la Sedena —junio de 2019—, quien ocupaba dicho cargo era Eloy Peralta Mora, identificado como cercano al exprocurador de justicia del Edomex, Alfredo Castillo Cervantes, y señalado en denuncias extraoficiales por tener supuestos nexos con Los Caballeros Templarios.