FGR desistió de interrogar García Harfuch y otros funcionarios por el caso del software espía

Los fiscales federales consideraron que la declaración de estos testigos resultaría “redundante”

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FOTO DE ARCHIVO: Omar Hamid
FOTO DE ARCHIVO: Omar Hamid García Harfuch fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) en el 2016. Foto: REUTERS/Edgard Garrido

La Fiscalía General de la República (FGR) no interrogará en calidad de testigo al ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por el caso del software espía durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el diario Reforma, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Liberación de Expresión (FEADLE), de la FGR, desistió del requerimiento para interrogar a Harfuch y de otros 30 funcionarios la mañana de este 28 de diciembre ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Luis Antonio Benítez Alcántara.

En el inicio de la audiencia que se realizó este jueves, la FGR anunció su determinación, la cual cancela 31 de las 82 comparecencias que se tenían previstas por este caso, en su mayoría eran peritos del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Harfuch, de pie en el
Harfuch, de pie en el centro, vestido con su uniforme policial y con un arma larga. (Captura)

El periódico Reforma precisó que los fiscales federales consideraron que la declaración de estos testigos resultaría “redundante”, debido a que el propósito de sus declaraciones era confirmar la compra y renovación del programa espía en la Fiscalía, situación que, según el diario que cita las estimaciones de los agentes ministeriales, ya estaba acreditado por otros testigos.

El ex participante del proceso interno de Morena para la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del 2024, fue mando de la Policía Federal y en el 2016 se le nombró titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), en donde se presume adquirió el software de espionaje.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron contratados los servicios de centros privados de espionaje para presuntamente vigilar ilegalmente a empresarios, periodistas y opositores del gobierno priista.

Por este caso, la FGR detuvo en Querétaro a Juan Carlos García Rivera, ex empleado de una filial del Grupo KBH, en el 2021, quien es señalado por el delito de intervención ilegal de comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui en donde se usó el software.

El expresidente de México, Enrique
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Fotografía de archivo. EFE/Jorge Núñez

Tras ser trasladado a la CDMX, un juez de control lo vinculó a proceso y le ordenó prisión preventiva  justificada “derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso”, por lo que su juicio por este caso comenzó el 4 de diciembre de este año.

El periódico Reforma apuntó que los otras personas que tampoco serán llamados a testificar son el subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, Gustavo Sala Chávez; así como Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, ex administrador del software espía en la Procuraduría, entre otros.

En la audiencia de este jueves, la defensa de Juan Carlos García Rivera llamó a tribuna para interrogar al general Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En este caso, la FGR cuenta con un testigo prtegido con nombre clave “Zeus”, quien aseguró que García Rivera era el responsable de intervenir los dispositivos celulares para luego enviar la información obtenida a funcionarios del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la Secretaría de Gobernación.

Además de que entregaba de manera física la información en la casa del titular del CISEN, Eugenio Imaz Gispert, quien libró las acusaciones de la FGR por el delito de ejercicio indebido del servicio público, quien por orden de un juez y un tribunal resolvieron no vincularlo al procedimiento penal.

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