Ayotzinapa, el compromiso no cumplido por AMLO: de la ‘verdad histórica’ a las críticas a defensores que llevan el caso

Hoy se cumple una década de uno de los crímenes de lesa humanidad que más han cimbrado a México y el mundo en las últimos años: la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, de quienes se perdió el rastro entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando se alistaban para ‘botear’ en la ciudad de Iguala para juntar dinero y poder asistir a la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Desde el día 1, la exigencia de las familias y la sociedad civil fue la aparición con vida de los 43 normalistas, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 años. En un inicio se dijo que los jóvenes habían sido detenidos por orden del entonces alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, porque aseguraba que los estudiantes planeaban boicotear un evento que llevaría a cabo su esposa María de los Ángeles Pineda, titular del DIF municipal.

Policías de Iguala abrieron fuego contra los cinco camiones en los que viajaban los normalistas, detuvieron a 43 de ellos y posteriormente ya no se supo nada de ellos. El saldo de ese cruento ataque también incluyó la ejecución extrajudicial de seis personas -entre ellos tres estudiantes, uno de ellos brutalmente torturado y desollado- y 40 personas lesionadas.

En cuestión de meses, la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) al mando de Jesús Murillo Karam trató de cerrar el caso presentando una versión oficial de los hechos, en la que aseguraba que un grupo del crimen organizado había confundido a los estudiantes con rivales y que por eso los habían secuestrado, torturado, asesinado y posteriormente calcinado en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, “esta es la verdad histórica de los hechos”, sentenció en enero de 2015 el exprocurador.

Las familias y sus defensores -los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Montaña ‘Tlachinollan- rechazaron la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam y fue entonces que entró a la ecuación el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), especialistas de distintas nacionalidades que refutaron con investigaciones la versión oficial de los hechos; entre otras cosas, concluyeron que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero y que sus restos jamás fueron arrojados al río San Juan.

Pero del paradero de los 43 normalistas se seguía sin saber nada. Hasta ahora, sólo se tiene la confirmación de la muerte de tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron identificados tras una serie de análisis de ADN hechos en la Universidad de Innsbruck, Austria. El paradero de los otros 40 estudiantes sigue siendo un misterio a 10 años de los hechos.

Desde entonces, cada día 27 de cada mes, los padres, defensores y sociedad civil comenzaron a tomar las calles para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Incluso, el esclarecimiento del ahora llamado Caso Ayotzinapa fue uno de los compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 prometió a las familias formar una comisión de la verdad que demostrara cómo se debía hacer justicia en un gobierno democrático.

AMLO arrasó en las elecciones de ese año y se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de México; cuando asumió el poder hizo 100 compromisos para los seis años que gobernaría, entre ellos destacaba el número 89: “Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, se lee en su lista. La promesa de verdad y justicia para las familias representó una luz en la oscuridad que significó para ellos la ‘investigación’ hecha durante la administración de Enrique Peña Nieto.

López Obrador, en efecto, ordenó crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual fue comandada por el ahora ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, quien en el noveno aniversario de los hechos tiró por completo la ‘verdad histórica’ de Murillo Karam, que para entonces ya llevaba un año detenido y acusado por los delitos de desaparición forzada y tortura.

Encinas dijo durante la presentación de un informe de la Covaj que hubo una serie de omisiones por parte de las autoridades en aquella ‘Noche de Iguala’; afirmó que se manipularon y ocultaron pruebas, se crearon falsas escenas del crimen; se permitió la operación del crimen organizado en la policía y se torturó a detenidos para la obtención de confesiones, hechos que ya en su momento habían denunciado los expertos del GIEI -quienes se habían retirado del caso unos meses antes- así como los defensores del Centro Prodh y de Tlachinollan. Fue entonces que se confirmó la consigna que abanderó las marchas de los últimos años en las que acusaban al Ejército de haber participado en los hechos, por lo que se giraron y ejecutaron órdenes de aprehensión.

Desde el inicio de su gobierno, AMLO ha empoderado al Ejército mexicano dándole la potestad de la recién creada Guardia Nacional, la operación de aeropuertos o la construcción de megaproyectos como el Tren Maya; sin embargo, ha mostrado resistencia a que se investigue la posible participación de militares en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “no es real”, dijo cuando el GIEI presentó su último informe en México.

Los abogados de los centros Prodh y Tlachinollan también han señalado la posible participación de la institución castrense en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014; dicha denuncia les ha valido ahora la descalificación del propio presidente, quien en reiteradas ocasiones se ha lanzado contra ellos durante sus conferencias mañaneras, siendo las más recientes la de diciembre de 2023 cuando arremetió contra el Prodh asegurando que sus defensores por un lado acompañaban a los papás de los jóvenes pero al mismo tiempo intercedían para liberar a los detenidos por el crimen acusando tortura, “y lo celebran”, dijo López Obrador.

Fue entonces que admitió que él ahora estaba a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa luego de la renuncia de Alejandro Encinas a la secretaría de Gobernación, ejerciendo así funciones que no le competen al Ejecutivo, sino a la Fiscalía General de la República (FGR). Dijo que “ha encontrado cosas muy raras”, como que supuestamente el Centro Prodh no haya exigido un proceso contra los creadores de la llamada ‘verdad histórica’.

Tras las acusaciones, la organización civil aseguró que todo lo dicho por el presidente es falso, ya que desde el día uno después de la desaparición de los 43 normalistas, tanto el Prodh como otras organizaciones han acompañado a las familias, poniéndolas en el centro como víctimas y defendiendo sus derechos y exigencia de justicia.

Y los defensores remataron su réplica con la siguiente frase: “Sin duda (las descalificaciones de AMLO) obedecen a que no hemos callado nuestros señalamientos sobre la persistencia en el presente de la impunidad, la violencia y el encubrimiento al Ejército (...) Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la ‘verdad histórica’, que paradójicamente es la que hoy respalda el presidente de la República con sus dichos”.

El 2 de octubre de 2023, exactamente a un año de que concluya su gobierno, aquel que tanto anheló por 18 años, AMLO aseguró que de los 100 compromisos que hizo en su campaña ya sólo le faltaba el número 89, verdad y justicia en el Caso Ayotzinapa. A lo largo de este 2024, López Obrador ha reiterado que no lo logrará y hoy, a 10 años de la desaparición de los jóvenes, ha pasado la estafeta de las investigaciones a Claudia Sheinbaum Pardo, quien en cuatro días se convertirá en la primera presidenta de México.