Durante la conferencia matutina de este jueves 14 de diciembre, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, explicó las actualizaciones que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha hecho en el registro de personas desaparecidas, luego de que activistas y familiares buscadores denunciaron que éste ha sido depurado para que la cifra sea menor a la real.
El primer señalamiento provino en noviembre por parte de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, quien durante un taller dijo que la cifra de personas desaparecidas en México superaba las 112 mil y que la Secretaría del Bienestar pretendía hacer ‘un censo’ para reducir la cifra, en lugar de que ésta actualización de registro estuviera coordinada por autoridades especializadas y competentes.
Hoy, la secretaria de Gobernación negó que se esté borrando a los desaparecidos, sino que éste es el estatus de los 110 mil 964 registros de personas no localizadas, resultados que fueron obtenidos tras una ‘búsqueda casa por casa’, más el cruce de datos de varias instituciones, como Bienestar, el INE, el SAT, el IMSS y el ISSSTE, por mencionar algunas de las consideradas para este censo.
- 16 mil 681 ya fueron localizados
- 17 mil 843 ya fueron ubicados
- 26 mil 090 no tienen datos suficientes para identificar
- 36 mil 022 no tienen indicios para la búsqueda
- 12 mil 377 sí tienen confirmación de desaparición
- Mil 951 registros estaban duplicados
“No son registros son personas”, revira el Centro Prodh
Antes de que el presidente arremetiera contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por supuestamente defender a los acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al mismo tiempo que daban asesoría a los familiares de los estudiantes, la organización jesuita había cuestionado los datos presentados durante la conferencia matutina del presidente.
El Centro Prodh lamentó que el gobierno se refiere como registros y no personas a los desaparecidos; además de que preocupa que esas casi 80 mil personas ubicadas, sin datos suficientes para identificar o sin indicios para la búsqueda dejen de ser consideradas personas desaparecidas y con ello el Estado ya no emprenda acciones de localización, dejando esta labor a sus familias.
“Acotar en 12,377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor. Se está empleando un criterio muy alto para dar por probada una desaparición, sin considerar desprotección de quien denuncia y subregistro”, aseguró la organización jesuita.
Si bien el Centro Prodh reconoció que se haya revisado el padrón de personas desaparecidas, dijo que ahora habría más avances si se hubiera hecho antes y con total transparencia como lo pidieron familiares y activistas, por lo que hizo un llamado a que en posteriores revisiones se tome en cuenta a las instancias internacionales en materia de derechos humanos. “Esfuerzos como el de la revisión del registro deberían orientarse, más bien, al funcionamiento de herramientas para revertir la falta de identificación de cuerpos y restos como el Banco Nacional de Datos Forenses”, agregó el Prodh.
Finalmente, la organización defensora reiteró que el hecho de denunciar la crisis de desapariciones no responde a motivaciones políticas o partidistas, pues referirse así a ella solo minimiza la gravedad del asunto. “La crisis de desapariciones continúa. No es una herencia del pasado, es herida del presente”, aseveró en una publicación de X.