Ejecutaron a José Enrique Casales, titular del Ministerio Público en Guerrero

El titular del Ministerio Público del municipio Juan R. Escudero, José Enrique Casales, fue asesinado a balazos en Tierra Colorada, cabecera de ese municipio ubicado en la región Centro de Guerrero.

De acuerdo con fuentes policiacas, el crimen se registró cerca de las 07:00 la mañana de este martes en la carretera federal México-Acapulco, en las inmediaciones del punto conocido como “El Canal”.

Testigos señalaron que el funcionario de la Fiscalía General del Estado viajaba en su automóvil Nissan tipo Tsuru, color blanco, cuando fue atacado a balazos por un grupo armado que lo interceptó en la vía y murió al instante a consecuencia de los disparos que recibió.

Al lugar acudió personal de la fiscalía y del Servicio Médico Forense (Semefo) para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes, por lo que el tránsito en la carretera se detuvo hasta que concluyeron los trabajos.

En un comunicado, la fiscalía informó que ya inició la investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de José Enrique Casales.

Hace dos semanas, cuatro policías murieron y tres resultaron heridos tras un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Municipal de Ometepec, en la región Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con fuentes policiacas, los hechos ocurrieron en la comunidad de Cruz de Corazón, donde los policías habrían acudido para atender un reporte de presunta violencia familiar.

Según testigos, cuando los agentes llegaron a la localidad fueron recibidos a balazos por civiles armados.

Tras el ataque, el grupo armado huyó, en tanto que paramédicos de Protección Civil trasladaron al IMSS-Bienestar de Ometepec a tres policías heridos.

Organizaciones de derechos humanos y pobladores evidencian acuerdos entre autoridades y grupos criminales en el estado de Guerrero. Los señalamientos persisten tras una serie de actos de violencia y bloqueos carreteros ejecutados por alcaldes de la región de Tierra Caliente, quienes son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. Estos eventos siguen al decomiso de vehículos de lujo ligados a líderes criminales y el control del precio de bienes básicos y servicios ejercido por el grupo delictivo, afectando directamente la economía de los ciudadanos de la región [Fuente: Investigación local].

La situación expone una realidad en la que las operaciones policiales parecen ineficaces en las zonas más violentas, y donde los alcaldes y candidatos electorales parecen operar bajo la sombra de la criminalidad. Por ejemplo, en las últimas elecciones locales de 2021, la competencia estuvo ausente, y la única candidata opositora en Coyuca de Catalán retiró su candidatura tras presuntas amenazas. Además, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ostentaría influencia en el municipio de Zirándaro. La relación no solo implica a los alcaldes, sino que también se extiende a los ayuntamientos y fuerzas de seguridad, con testimonios de habitantes que relatan la conversión de criminales en policías o comandantes.

La violencia y la colusión en Guerrero se extienden además a municipios como Iguala y Taxco, con revelaciones de conexiones entre autoridades municipales y grupos criminales. El alcalde de Iguala, por ejemplo, cerró el Palacio del Ayuntamiento en medio de amenazas y hechos violentos. En Taxco, negocios cerraron y se registraron ataques y desapariciones de funcionarios públicos. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, también está bajo escrutinio tras reunirse con uno de los líderes de Los Ardillos, situación que la dirigencia de Morena sugiere debe ser esclarecida. Los Ardillos, asimismo, muestran nexos con el PRD, poniendo de manifiesto la penetración criminal en diversos niveles políticos.

El problema de la seguridad en Guerrero es histórico y persistente. Pequeños comerciantes han denunciado extorsiones durante eventos como la Feria de Navidad y Año Nuevo en Chilpancingo, con la complicidad de policías municipales. La falta de una respuesta estatal efectiva y el actuar de los grupos criminales “como si no existiera un aparato de seguridad” refleja la gravedad de la situación. Esta crisis de gobernabilidad se extiende a lo largo de cuatro sexenios y, a pesar de un incremento en el número de elementos de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército, las organizaciones delictivas siguen proliferando en la región.

Con miras a las futuras elecciones del 2024, Guerrero enfrenta un panorama preocupante. Tradicionalmente, los periodos electorales son marcados por la violencia contra actores políticos. El estado ha encabezado las listas nacionales de políticos asesinados en elecciones pasadas, con la prensa local documentando 24 casos en 2018 y 17 entre 2015 y 2018. A la luz del pasado en la entidad, se advierte un alto riesgo para el próximo ciclo electoral, en el que se disputarán 81 alcaldías, 28 diputaciones locales y siete federales.