Los ocho militares que se encuentran detenidos por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podrían obtener su libertad luego de que se ordenara revalorar las medidas cautelares dictadas en su contra.
La decisión fue tomada por un Tribunal Colegiado del primer circuito de la Ciudad de México, en un nuevo giro que daría más incertidumbre y una percepción de impunidad en uno de los casos de desaparición que más ha marcado al país.
Los militares, que actualmente tienen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, podrían llevar su proceso en libertad.
Estos hechos se darían a casi un mes de que el el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los normalistas, obtuviera de igual forma un cambio en la medida cautelar.
El magistrado Armando Hernández Orozco, quien está a cargo del proyecto, dijo que los abogados de los militares pidieron en una audiencia celebrada el pasado 22 de junio abrir debate sobre la idoneidad de la medida cautelar impuesta. En este caso, ha propuesto conceder la suspensión definitiva, pero para que se emita una nueva medida cautelar al considerar que la actual viola sus derechos humanos.
El pasado 21 de junio el entonces subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración informó que ocho militares adscritos al 27 Batallón de Infantería de Iguala habían sido detenidos acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Actualmente se encuentran encarcelados en la prisión del Campo Militar 1-A.
Cabe apuntar que originalmente la Fiscalía General de la República (FGR) emitió 83 órdenes de aprehensión en relación con el caso en agosto de 2022, pero al final sólo fueron giradas 16 de las cuales ocho han sido cumplimentadas.
La decisión sobre la nueva medida cautelar deberá ser emitida por la jueza segundo de distrito en materia de Procesos Penales federales, Raquel Ivette Duarte Cedillo.
CIDH pide “romper pacto de silencio”
Hace unas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno de México romper el “pacto de silencio” que ha impedido que haya justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014.
Fue la comisionada de la CIDH en México, Esmeralda Arosemena, quien el pasado 09 de noviembre participó en una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador “va en picado” por las presiones del Ejército.
“Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificadas a las personas”, lamentó Arosemena.
La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una “voluntad expresa” y de “información clara”, y expresó el compromiso de la CIDH de “acompañar” a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve años al fin de llegar a la verdad.
Según la llamada “verdad histórica” presentada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
En 2018, AMLO reabrió las pesquisas y ordenó la captura de militares vinculados al caso, pero las familias denuncian que la falta de voluntad del Gobierno y las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.