Cuando Emi, una chica de 16 años comenzó a tener vínculos sexuales con su pareja, descubrió que podía tener momentos de disfrute, pero también se dio cuenta de que había situaciones para las que no se sentía preparada, cosas que la ponían incómoda o que no estaba dispuesta a hacer. A pesar de manifestar su disconformidad, su pareja insistió en seguir adelante con ese tipo de actos que consideraba que “toda novia debía hacer” y amenazó con contarle a sus amistades que habían tenido relaciones sexuales si no accedía, con el propósito de que Emi se sintiera avergonzada. Finalmente, ella se sintió con el “deber” de cumplir los deseos de su pareja, aceptando realizar los actos sexuales que la hacían sentir incómoda, lo cual la hizo sentir culpable y enojada, por lo que no quiere que se vuelva a repetir en futuras relaciones.
Hay quienes podrían llegar a discutir que este se trate de un caso de violencia, ya que dicho concepto suele estar fuertemente asociado a las heridas físicas. Sin embargo, la ONU, cuando define a la violencia basada en género, considera que puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede darse tanto en el espacio público como en el seno del hogar, la familia o la pareja. Según el organismo, las amenazas, la coerción y la manipulación, como la que sufrió Emi, son también formas de violencia basada en género.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).
Pero estos números podrían no ser del todo precisos si tenemos en cuenta que, a veces, los actos de violencia contra las mujeres no son reconocibles para aquellas que los sufren debido a que ciertas prácticas y comportamientos se toman como “normales” y se naturalizan a pesar de ser dañinos. Esto se debe a que en la sociedad se reproducen y perpetúan normas tradicionales, basadas en roles y estereotipos de género, que conllevan una serie de desigualdades que ponen en desventaja a las mujeres y a otras poblaciones diversas. Estas desigualdades generan relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que se traducen, la gran mayoría de las veces, en discriminación y violencia.
Esto mismo le sucedió a Lucía, quien vivió una experiencia de parto traumática cuando tuvo a su primera hija. Mientras ella gritaba de dolor, la enfermera le pedía que se callara para no molestar a las otras personas y que se aguantara el sufrimiento. “¿Te quejaste así cuando estabas haciendo a tu hija?” le dijo la profesional de la salud, faltándole el respeto. Además, los médicos se pusieron muy insistentes con que usara el DIU y, en un momento de tanto dolor, ella se vio obligada a aceptar.
Al principio, Lucía pensó que todo esto era habitual en los hospitales y no fue hasta que conversó con otras mujeres que se dio cuenta de que lo sucedido no era normal. Y, de hecho, hay una categoría específica para encuadrar este tipo de actos: la violencia obstétrica. El Instituto Nacional de Salud Pública de México la define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Millones de mujeres en México han experimentado la violencia obstétrica. Entre 2016 y 2021, el 31.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el San Luis Potosí (38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%).
Se vuelve imprescindible, entonces, difundir los derechos de las mujeres y los tipos de violencia existentes para que ellas puedan denunciar, buscar apoyo y defenderse frente a incidentes o situaciones que atenten contra su integridad física, psíquica, patrimonial, económica o sexual.
Este 25 de noviembre es el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, fecha elegida en conmemoración del feminicidio en el año 1960 de las hermanas Mirabal a manos de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana. Esta es una ocasión puntual para visibilizar la problemática de la violencia basada en género y plantear agendas de trabajo para su erradicación.
Pro Mujer, organización que trabaja hace 33 años brindando servicios de financiamiento, capacitación y salud a mujeres de bajos recursos en América Latina, lanzó el proyecto Sana y Segura en México, específicamente en los estados de Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Consiste en un programa de capacitaciones destinado al personal médico para evitar la violencia obstétrica y poder hacer frente a casos de violencia basada en género. Además, incluye una página web y un chatbot para concientizar acerca de la salud sexual y reproductiva.
Mediante el análisis de casos como los de Emi o Lucía, el chatbot proporciona información sobre sexualidad, derechos de las mujeres, violencia basada en género, entre otros, de una forma dinámica e interactiva. Es gratuito y se puede ingresar a través de este link: https://salud.promujer.org/sanaysegura/.
Que los derechos sexuales y reproductivos sean respetados incide directamente en la autonomía de las mujeres y en la prevención de la violencia basada en género, en consecuencia, en su capacidad de crecer, desarrollarse, ocupar un espacio en la economía y de liberarse de la pobreza. Las mujeres son agentes de cambio que cuando poseen las herramientas necesarias impulsan el progreso y el desarrollo económico de sus comunidades.
Sobre Marcela del Águila
Médica Cirujana por la Universidad La Salle, Diplomada en Gestión Ejecutiva de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Monterrey, especializada en Habilidades Gerenciales por la Universidad de Anáhuac y Magíster en Economía y Negocios con orientación en Gestión de Organizaciones de Salud por la misma casa de estudios, Marcela Del Aguila se desempeña como Gerente Global de Servicios de Salud de Pro Mujer.
Cuenta con una extensa trayectoria en el campo de la medicina, habiendo sido Médica Hospitalista en Oncología y Gerente de la Línea de Servicio de Neurociencias, Ortopedia y Rehabilitación y de la Línea de Medicina Interna, Hemodiálisis y Endoscopia en el Centro Médico ABC. También fue Subdirectora en Hospitales Star Médica, donde generó el Plan de Contingencia frente al COVID-19 y planificó y llevó a cabo modelos de gestión de recursos en el contexto de emergencia ocasionado por la pandemia.
Actualmente también trabaja como Consultora en Salud, gracias a su expertise en el diseño e implementación de estrategias que permitan mejoras en instituciones pertenecientes al área, incluyendo sistemas de clínicas de primer nivel de atención.
Sobre Pro Mujer
Pro Mujer es una empresa social que desde hace más de 33 años brinda servicios y herramientas a las mujeres en América Latina para que puedan alcanzar su máximo potencial, mejorar sus condiciones de vida y transformarse en agentes de cambio para sus comunidades.
Opera a través de un modelo holístico e integral que busca ampliar el acceso de las mujeres de la región a los servicios de salud, aumentar su inclusión financiera y brindarles oportunidades de capacitación.
En este tiempo logró impactar en 2.5 millones de emprendedoras, brindó 10 millones de servicios de salud y desembolsó más de U$D 4.4 millones en microcréditos.
El trabajo de Pro Mujer está estrechamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y ofrece resultados tangibles en ocho ODS: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16.
Más información en www.promujer.org